OxI y APP contra la inseguridad

Procedimientos para aprovechar las capacidades de gestión del sector privado

Un uso no explotado de las obras por impuestos (OxI) y las alianzas público privadas (APP), es la construcción de infraestructura y el suministro de tecnología y capacitación a las agencias estatales encargadas de brindarnos seguridad. Para nadie es novedad que el Estado es un paquidermo obeso —torpe, lento y en los últimos tiempos miedoso—, un aparato en el que la mediocridad es garantía de supervivencia y estabilidad del sobre quincenal. Cambiar esa actitud mayoritaria tomará el tiempo de vida de varios gobiernos.

Reconociendo esto, se han diseñado procedimientos que permiten usar las capacidades de gestión del sector privado en una estrategia win-win. Ciertamente el temor del funcionario no ha permitido aún la expansión racional que la población requiere, pero tampoco se ha contemplado su uso para cubrir las necesidades de los operadores de justicia, encargados de protegernos de los depredadores humanos. No es difícil pensar cuántas comisarías y cárceles distritales (que hoy no existen) podría construirse rápidamente y con estándares contemporáneos mediante OxI, o cuántas prisiones de alta complejidad podrían construirse bajo el mismo régimen y ser concesionadas no para reemplazar el sistema carcelario estatal, sino para complementario rápidamente.

Pero no debemos pensar solo a nivel de infraestructura. Las capacidades de comunicación, los sistemas interconectados de manejo seguro y justificado de la información contenida en las bases de datos (entre todos los operadores de justicia y organismos auxiliares) y la ciberseguridad son facetas de la vida que evolucionan diariamente a un ritmo que jamás alcanzará la lentitud estatal. De esto se aprovecha el crimen organizado, usando tecnología de vanguardia. Ha llegado la hora de generar normatividad y estándares de seguridad para dejar de comprar tecnología de rápida obsolescencia y contratar los servicios emulando la exitosa experiencia de las grandes potencias.

Basta una visita por las escuelas policiales o la conversación con policías, magistrados y fiscales para percatarse del desfase académico y el desconocimiento que imperan a menudo sobre las materias eje de su trabajo. Las capacidades privadas de formación, adiestramiento, entrenamiento y puesta al día continua en este mundo cambiante no pueden seguir siendo postergadas. Es estos campos también es posible canalizar mejor el dinero de los contribuyentes, apelando a la capacidad instalada en el sector privado, donde la obsolescencia del conocimiento es garantía de pronta extinción.

La instalación y funcionamiento de cámaras, botones de alerta y comunicación con las centrales de respuesta rápida, pueden muy bien apelar a la iniciativa privada, reservando a los efectivos policiales para la intervención. Hay además servicios urbanos que, no siendo estrictamente del ámbito de la seguridad, se pueden transformar en herramientas importantísimas para evitar la fuga del delincuente. Me refiero a los sistemas de semáforos con sensores de afluencia de tráfico, unidos a la capacidad de alteración del patrón automático, para priorizar el traslado de unidades de emergencia policial, médica o bomberos, o para dificultar la fuga tras la comisión de un delito.

La lista es larga, no siempre hace falta esperar el engorroso trámite de compra estatal para empezar a cumplir con la principal tarea de todo Estado: la seguridad de sus ciudadanos.

Dardo López-Dolz