¡Ojo con las autoridades que elijamos este domingo!

 

En enero del año pasado —durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski— se modificaron las leyes orgánicas del proceso de elecciones regionales y municipales para evitar que los condenados por terrorismo y otros delitos en agravio del Estado pudieran postular a cargos públicos representativos el próximo 7 de octubre. Para ello se promulgó el Decreto Ley N° 30717, con anuencia casi unánime de las diferentes bancadas del Congreso.

Sin embargo, dicho dispositivo legal escondía una bomba de tiempo, pues habilita la postulación de candidatos con condena en primera instancia en el Poder Judicial, pese a que ya exista una orden de prisión preventiva como producto de ella. El impedimento a la postulación solo ocurre al agotarse las instancias judiciales; es decir, tiene que esperarse una sentencia definitiva —que puede tardar varios años— para impedir a los implicados gobernar, de resultar elegidos.

Lamentablemente esta figura se viene dando en el actual proceso electoral, en el que más de 2,000 aspirantes a cargos de gobernadores, alcaldes, consejeros o regidores se encuentran en prisión, requisitoriados o con libertad provisional. Como si sobre ellos no existiera una sombra de duda, pese a los cuestionamientos que los ha llevado a una primera condena en el sistema de administración de justicia del Perú.

Sabiendo cómo funciona la justicia en nuestro país —donde la aplicación de la ley constituye un verdadero negocio— resulta necesario que el ciudadano de a pie tome conciencia del valor de su voto para que no se equivoque el próximo domingo, cuando le toque elegir al candidato de su simpatía. Un error en ese momento solo podrá ser corregido dentro de cuatro años.

En un acucioso estudio realizado por el Grupo de Investigación de Políticas Públicas de la Universidad Católica —en coordinación con otras instituciones afines— se ha establecido que el 30% de las 200 provincias existentes en el país se encuentran en un nivel medio y alto de riesgo de ser infiltradas por grupos delictivos ligados al narcotráfico, el tráfico de terrenos, la extorsión, el contrabando, la deforestación de bosques y la explotación informal de los minerales, entre otras organizaciones ligadas al crimen organizado.

Ese mismo estudio sostiene que las regiones neurálgicas proclives al peligro son Lima, la Provincia Constitucional del Callao, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes, hacia el norte. En el oriente figuran Amazonas, Ucayali y Loreto; y por el sur los corredores que se encuentran de Cusco hacia Ayacucho, con algunos puntos de contacto en Arequipa y la región altiplánica de Puno.

Durante las últimas semanas se ha advertido, en diferentes regiones del país, una inusitada y costosa inversión de propaganda política desarrollada por movimientos regionales y partidos políticos que solo tienen vigencia en épocas electorales. Partidos que por su casi inexistente estructura no pueden —ni podrán— justificar sus gastos ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Ninguna de las leyes de transparencia promulgadas por los poderes del Estado constituyen, hasta ahora, una herramienta eficaz para controlar las oscuras maniobras de los grupos delictivos, que se las ingenian y siembran topos en las regiones y ciudades donde les interesa tener manejo político y económico. Por ello es urgente que, terminado el proceso electoral del domingo, el Congreso, en coordinación con la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones, se aboque a una profunda reforma electoral para evitar la postulación de candidatos ligados al crimen organizado.

La delincuencia no descansa y esto se corrobora con lo ocurrido en el balneario de Punta Negra —al sur de Lima—, donde a inicios de esta semana se descubrió que el alcalde era cabecilla de una banda dedicada a la extorsión y al tráfico de tierras, junto a 14 delincuentes más. Ellos se suman a la gran legión de autoridades procesadas o en prisión en la actualidad.

Por ello debemos tener los ojos muy abiertos al momento de elegir un candidato idóneo. La premisa de elegir al menos malo debe ser desterrada en el Perú. Este domingo 7 de octubre todos debemos participar en el proceso electoral emitiendo un voto consciente.