Odebrecht: juego de roles (y tronos)

Cada quien armará su artillería y trinchera según su conveniencia

Por Mario Saldaña C.

@msaldanac

Desde una perspectiva eminentemente política, los incentivos que genera echarle mano al caso Odebrecht son demasiado relevantes y apetecibles como para dejarlo en exclusiva competencia de los operadores legales facultados para tal efecto: Poder Judicial, Ministerio Público, procuradores, abogados o incluso los propios medios de comunicación, que contribuirán con información o investigación propia. La cantidad de intereses cruzados es enorme, y en este juego de islas o clanes (y tronos) en el que ha caído la política peruana, cada quien armará su artillería y trinchera según sus propias conveniencias y particular FODA, frente al tema de la corrupción empresarial brasileña en el Perú en los últimos diez o doce años.

En todo caso, la perspectiva es que habrá munición para todos y contra todos (o casi todos), dependiendo de quién o quiénes son mis enemigos/adversarios, con quién me puedo aliar y de qué o quién me tengo que defender. La cancha de la primera temporada ya está rayada: son los US$ 29 millones ya reconocidos en sobornos, que alcanzan a los últimos tres gobiernos, y (por las primeras versiones sostenidas) con el gobierno de Toledo con la mayor cantidad de negociados (en cuestión de volumen). Lo cual no quiere decir que las gestiones de Alan García, Ollanta y Nadine Humala, Susana Villarán y Luis Castañeda no traigan lo suyo. El escándalo, recordémoslo, no necesariamente es sazonado por la cantidad de ceros a la derecha, sino por otro tipo de detalles, como las características de los personajes involucrados, los vehículos o los propósitos de las coimas (por ejemplo, campañas electorales).

Por todo lo anterior, el pedido que hiciera el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, de solicitar la no intervención del Congreso en el caso Odebrecht, sonó más a un buen deseo (y acaso a ingenuidad), a un gentil pedido reflexivo a la clase política, que a una posibilidad real. Es difícil para las entidades constitucionalmente competentes para la investigación y juzgamiento del caso mantener el equilibrio y la objetividad necesarios en medio de una indignación que crece en la opinión pública a diario. Sobre todo, porque en otros países las reacciones frente al caso Odebrecht han sido mucho más contundentes (acicateadas por una buena dosis de populismo, obviamente) y rápidas.

En tal sentido, haría bien, por ejemplo, el Ministerio Público en ponerse un plazo máximo para la concreción y anuncio de resultados. Y que vaya más allá de anuncios de viajes, convenios con su par brasileño o negar el conocimiento de nombres. Ese plazo tiene que ser absolutamente razonable, pero a la vez cercano. La visita del fiscal Pablo Sánchez, ayer miércoles, a la presidenta del Congreso es una buena señal, si eso ayuda a que las siguientes semanas sean una suerte de lapso para que se terminen de acopiar pruebas y señalamientos contrastados. Antes que la feria política arranque con sus tres funciones diarias para deleite del público, pero con cero efectividad jurídica.

De hecho, la sola designación del señor Albrecht como titular del segundo grupo investigativo “Lava Jato” no ha sido la mejor noticia. Fujimoristas como Lucho Galarreta o Lourdes Alcorta podrían haber brindado mejores garantías de un hacer, si bien político, al menos mucho más técnico. Y del lado del Ejecutivo, haría muy bien el Gobierno, por ejemplo, en definir de inmediato cuáles proyectos emblemáticos de Odebrecht deben suspenderse mientras se apuran algunas investigaciones. Por ejemplo, el caso del Gasoducto del Sur o Chavimochic, entre otros.

Hay roles para todos. Esto recién empieza.