¡Obstruccionismo! ¿Quién y a quién?

Hace un par de entregas conversábamos sobre la solicitud presentada por el Poder Ejecutivo para legislar en materia tributaria y financiera, de gestión económica y competitividad, de reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y servicios, de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad, y de modernización de la gestión del Estado. Esta solicitud se enmarca dentro de lo dispuesto en nuestro marco constitucional, que permite al Congreso de la República delegar su principal función en el Poder Ejecutivo, a efectos de que dicho Poder legisle en materias que considera necesarias e indispensables para solucionar los problemas del país.

Al margen de nuestra posición personal y o partidaria —pertenezco a la bancada de Fuerza Popular, principal fuerza de oposición— respecto a los temas contenidos en las facultades solicitadas, y si estos se encuentran relacionados con los principales problemas de nuestro país —situación que es más que evidente que hoy no acontece— consideramos importante explicar que el mecanismo constitucional no esta destinado a subrogar al Poder Ejecutivo en las políticas de gobierno. De acuerdo a nuestra Constitución, el Congreso debe analizar la solicitud del Poder Ejecutivo y verificar si los temas contenidos pueden ser materia de delegación o han sido reservados al Poder Legislativo, además de evaluar que las materias solicitadas sean explícitas e impliquen una delegación acotada y contenida en un numerus clausus. Y en segundo orden, le corresponde al Congreso realizar el control constitucional sobre los decretos legislativos que en mérito de la delegación se expidan.

Así lo hicimos, desde que recibimos el proyecto de ley, pues el Congreso y la Comisión de Constitución y Reglamento que me honro presidir se pusieron a trabajar. Por ello, en coordinación y a pedido de la congresista Karla Schaefer, se le recomendó al Poder Ejecutivo que solicite, mediante un nuevo proyecto de ley, facultades legislativas en forma exclusiva para la reconstrucción, a fin de poder trabajar este tema de manera prioritaria, dado que —conforme lo señaló el propio presidente Vizcarra— en eso no se había avanzado nada. Así sucedió, el Poder Ejecutivo presentó un nuevo proyecto de ley sobre reconstrucción, y este Congreso lo aprobó en siete días. Faltaba entonces el pronunciamiento sobre las demás materias del anterior proyecto de ley.

Inmediatamente convocamos a los diferentes equipos técnicos de los ministerios involucrados a fin de que sostengan reuniones con nuestros equipos técnicos para precisar las ambigüedades que se observaban en ciertas materias solicitadas. Fueron más de veinte (20) reuniones, algunas de las cuales se prolongaron hasta altas horas de la noche, pero finalmente los equipos técnicos lograron llegar a consensos. Luego de ello, los equipos técnicos tuvieron reuniones técnicas, tanto con los congresistas como con los ministros involucrados, en las que se intercambiaron apreciaciones y experiencias para lograr encaminar, de la mejor manera posible, la fórmula legal definitiva.

Es más, a fin de que todos los congresistas tuvieran conocimiento de las materias solicitadas por el Gobierno, así como también para que los mismos congresistas formulen sus apreciaciones, se convocó a una sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento, que duró alrededor de nueve horas, en las que los Ministros expusieron los alcances de la solicitud de facultades. En ese momento y con la claridad debida sobre las materias, se procedió a aprobar el dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, en una sesión extraordinaria y seguidamente en el Pleno del Congreso. El pasado martes 19 de junio se aprobó, tras más de cuatro horas de debate, el dictamen propuesto.

Sin embargo, nuevamente, la izquierda peruana (Nuevo Perú y Frente Amplio) votó en bloque en contra del dictamen, oponiéndose a darle facultades al Ejecutivo para legislar en favor de las personas víctimas de violencia y personas con discapacidad —como bien resaltó el congresista Alberto de Belaunde—, en favor de una mejora de la competitividad económica y la política económica de nuestro país —imaginamos que por el nefasto ideario económico de esa izquierda, que se opone al modelo actual—, entre otras. Son estos congresistas los verdaderos obstruccionistas, quienes no emiten argumentos ni ideas de fondo, y que solo cuestionan al Estado peruano en base a un discursos demagógicos y sin contenido.

Pese a estos inconvenientes, se logró dar las facultades legislativas por segunda vez desde que este Congreso asumió funciones. Pero hay otro hecho trascendental que no podemos dejar de mencionar en este análisis: mientras nosotros —Fuerza Popular en pleno y las otras bancadas— evaluábamos otorgar las facultades solicitadas, el señor presidente de la República comunicaba al país entero que presentaría una demanda de inconstitucionalidad contra la llamada Ley Mulder, aprobada por este mismo Congreso días antes, pues la consideraba una “Ley Mordaza”.

Nuevamente demostramos que pese a las diferencias que este tema ha originado, tenemos por encima el desarrollo de nuestro país. Y que el obstruccionismo no invade nuestro accionar, sino que lo ejercemos respecto de aquellos movimientos y personajes que solo pretenden radicalizar las protestas e incentivar el caos, porque saben que es el único escenario en que sus propuestas violentistas y desfasadas tendrán algún margen de acción. Respecto de ellos, por supuesto que somos obstruccionistas.

Finalmente, esperamos que el Gobierno del presidente Vizcarra haga un uso adecuado de las facultades delegadas y no se aprueben decretos legislativos con temas de “contrabando”, como sucedió en el Gobierno del ex presidente Kuczynski, ni que tampoco improvisen. Este Congreso revisará al detalle cada decreto legislativo, pero lo hará con responsabilidad y siempre pensando en lo mejor para el Perú.