Nuevas facultades para la UIF: Vamos por más

Para la identificación del dinero ilícito y las sanciones correctivas

El Ejecutivo acaba de anunciar el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), tema clave para combatir la delincuencia, el terrorismo y cualquier tipo de actividad ilegal. Ello lo hace la UIF a través de la identificación del dinero ilícito y la imposición de sanciones correctivas a los delincuentes.

Son, sin duda, amplias las facultades que le ha otorgado el gobierno a la UIF, las cuales incluyen dos acciones fundamentales: en la parte preventiva, como sujetos obligados para reportar cualquier tipo de operación sospechosa (ROS) detectada a múltiples tipos de personas jurídicas: empresas de procesamiento de tarjetas de crédito y débito, empresas de préstamos, compañías de juego y de apuestas, abogados y contadores públicos colegiados, empresas del Estado, gobiernos regionales y locales, y organismos supervisores de las contrataciones estatales.

De otro lado, ahora la UIF, en pleno proceso de investigación de una operación reportada como sospechosa, sí podrá acceder al secreto bancario y tributario a través de un procedimiento judicial especial, que le permitará cruzar la información necesaria en tiempo récord. Esto posibilitará que la UIF pueda complementar la información reportada por los sujetos obligados y, de esa manera, acortar de manera significativa los plazos para contar con informes contundentes que sirvan de base para acciones inmediatas contra los “lavadores”.

No obstante, para que este enorme logro del gobierno sea realmente efectivo se requiere una articulación a nivel nacional que pasa por tres puntos que considero fundamentales: la descentralización de la acción preventiva, el uso de tecnología de punta y la definición de mecanismos de incentivos y castigos eficiente.

En la primera línea, la forma más efectiva de combatir el lavado de activos requiere de oficinas desconcentradas a nivel nacional —que pueden funcionar dentro de locales compartidos con representantes del Poder Judicial—, con la capacidad de actuar de inmediato frente a operaciones y actividades sospechosas. Esto se aprecia con claridad en las zonas del país en las que las actividades ilegales resultan claramente importantes en la generación de ingresos; es decir, en las localidades en las que impera la minería y la tala ilegal, entre otros.

En la segunda tarea, la tecnología a ser implementada a nivel nacional en todos los sujetos obligados debe permitir que la UIF cuente con acceso a la información en tiempo real y que los sistemas de alerta utilicen las grandes bases de dato (big data) para identificar, en mínimo tiempo, transacciones tipo que corresponderían a actividades de lavado.

En la tercera acción, resulta clave que sea más caro para el delincuente intentar “blanquear el dinero”, y eso supone castigos severos en tiempo récord y, a la vez, incentivos monetarios para la denuncia de la acción ilegal a través de diferentes canales disponibles (teléfono, chat, correo), respetando el anonimato del denunciante. Para ello, se debe trabajar de manera articulada con el Ministerio del Interior, que ya cuenta con un plan semejante en el caso de delincuentes más buscados.

Son grandes los retos de la UIF para que en el 2021 se consigan tres metas: arrinconar a la delincuencia nacional, mitigar cualquier posibilidad de ser atractivos para un delincuente internacional y entrar por la puerta grande a la OCDE. El presidente y el pueblo exigen un trabajo sin desmayo y resultados de corto, mediano y largo plazo en esta tarea. Yo elijo creer que así será.

Giovanna Prialé Reyes