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Nuestra democracia disfuncional

Columna

Nuestra democracia disfuncional

23 de Marzo del 2017

El Perú enfrenta graves problemas de gestión pública y de infraestructura

El balance provisional de Indeci sobre los afectados a nivel nacional por El Niño costero es de 78 fallecidos, 101,104 damnificados y 643,216 afectados. Las cifras muestran la dimensión de un desastre que aún no ha concluido y obligan a que el Ejecutivo deba articular un plan de reconstrucción en el que las Fuerzas Armadas (por su capacidad y experiencia) y el sector empresarial (por su eficiencia y recursos) deberían tener un rol importante.

El Perú enfrenta graves problemas de gestión pública que se ven reflejados en la baja calidad de los servicios y en la gran brecha de infraestructura que tenemos. Enfrentamos también una baja institucionalidad y una alta informalidad. Las instituciones políticas y económicas peruanas son cerradas y excluyentes, y no hay una representación política real. Existe falta de transparencia en el uso de recursos, corrupción generada por una gestión de gobierno deficiente y falta de rendición de cuentas de las autoridades. Ello lleva a que los ciudadanos no confíen en el Estado. Son los síntomas de una democracia disfuncional.

El acceso cerrado a las instituciones económicas hace que la informalidad sea la regla. Los mineros informales, los traficantes de terrenos y el hecho de que el 78% de la PEA ocupada se desarrolle en el sector informal son producto de los altos costos de transacción del sistema, que impiden el acceso de los ciudadanos a las instituciones. Allí radica una de las diferencias entre los países en vías de desarrollo y los desarrollados; esos que están en la OCDE, a donde tanto queremos llegar.

En los países desarrollados todos los ciudadanos tienen acceso a las instituciones políticas y económicas. Mientras que en países como el Perú son los grupos de interés los que capturan dichas instituciones para su beneficio y en perjuicio de los demás. Tal como han mostrado distintos estudiosos —como Acemoglou y Robinson, North, Weingast, Wallis y Fukuyama—, las diferencias del desarrollo de los países no son raciales ni culturales, se basan en la construcción de las instituciones.

Los traficantes de terreno, por ejemplo, invaden propiedad pública y privada para hacer negocios a costa de los pobres y excluidos del Perú. Evangelina Chamorro fue arrastrada por un huaico cuando estaba en su terreno en el AA.HH. Villa Nueva Navarra, comprado a la Agrupación Ecológica del Sur y que habría sido invadido y lotizado por la Comunidad Campesina de Cucuya y la asociación agrícola Súmac Pacha, tal como informa Cecilia Valenzuela (El Comercio, 22.03.2017). ¿Por qué las autoridades permitieron la invasión de una quebrada, su lotización y posterior venta? ¿Por qué Evangelina compra un terreno en una quebrada con el riesgo que ello implica? Porque no tenía la posibilidad de acceder a un lote en una zona segura.

Hoy tenemos la oportunidad de reconstruir las ciudades y de hacerlo bien; de llevar infraestructura de calidad y servicios públicos a los peruanos que menos tienen para que lo vivido no se vuelva a repetir nunca más. Recojamos las experiencias positivas de otros países. Por ejemplo, de Chile luego del terremoto del 2010, y del rol del sector privado chileno a través de Desafío Levantemos Chile, la institución que fue creada para apoyar al Estado en la reconstrucción. Y aprendamos también de las malas experiencias para no repetirlas. No podemos permitir que pase nuevamente lo del caso de Pisco.

Para ello necesitamos centralizar la reconstrucción y lograr una correcta articulación entre el gobierno central, los gobiernos locales y regionales, y el sector privado. Necesitamos reubicar a las poblaciones asentadas en los márgenes de los ríos y en el cauce de los huaicos. Y para ello debemos generar incentivos, como los títulos de propiedad y el acceso al crédito. Y en el camino intentemos construir instituciones abiertas e inclusivas.

 

María cecilia Villegas