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A propósito del bono demográfico

Luego de una amplia jornada de reuniones con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, la perspectiva de crecimiento económico para América Latina resulta compleja. En nuestra evaluación nos hemos creído el cuento de que somos países relativamente jóvenes y, por tanto, nos quedan al menos dos décadas para mejorar nuestra productividad, fomentar la innovación y acortar las brechas de crecimiento entre pobres y ricos, y acercarnos a los países desarrollados.

Pero en la práctica resulta que ya nos estamos comiendo el bono demográfico. Nuestras poblaciones están envejeciendo no solo porque la esperanza de vida se está incrementando, sino porque en la práctica el número de jóvenes que cuenta con empleo adecuado es mucho menor a la población adulta, lo cual convierte al joven en un “anciano a la fuerza”, sin capacidad de contribuir a la producción o de adquirir un activo fijo. Menos aún de contar con un futuro económico o con el sueño de desarrollar una familia.

La informalidad nos está causando un envejecimiento antes de tiempo, y esto se traducirá —en opinión de los organismos internacionales— en que el Producto Bruto Interno (PBI) potencial en cada uno de nuestros países crezca a tasas menores en 1% al año, independientemente de las reformas estructurales que cada país realice o de cómo le vaya al precio de los metales preciosos, cuya tendencia es al alza moderada.

Nada halagüeñas estas perspectivas, pero bastante realistas. Es por ello que hoy más que nunca debemos hacer el trabajo de entender la naturaleza de la informalidad. Cómo mejorar el enganche de las empresas pequeñas en actividades que generen cadenas de valor que se traduzcan en empleos adecuadamente remunerados, en un entorno globalizado, resulta fundamental. También el acompañamiento de la inversión privada nacional con reglas internacionales de respeto al marco institucional, al diálogo social y el rechazo tajante a la corrupción resulta fundamental.

Perú tiene que sobresalir, y para ello no bastan las políticas de destrabe. Hace falta una articulación entre la economía y la política, que obligue a los gobiernos locales y regionales a desarrollar políticas consistentes con la promoción de la actividad privada que invierta en educación, salud y pensiones. La inversión en programas de asistencia social debe ser inteligente en el uso de los recursos financieros. Esto debido a que los ingresos tributarios se han desacelerado y, por ende, el espacio para el gasto fiscal se encuentra acotado.

Estamos en medio de una transición estructural que nos obliga a priorizar el acceso de las empresas de baja productividad a esquemas innovadores y competitivos, que les garantice sostenibilidad a las familias y, con ello, acumulación de activos y crecimiento económico a largo plazo. En suma, la situación se pone más difícil y la capacidad del Estado para atender esta problemática se hace vital. Hablar en estricto de reformas estructurales —como garantizar cobertura de educación, salud y pensiones de calidad— se hace cada vez más urgente, en términos de efectividad.

Giovanna Prialé Reyes