No es necesario armarse cuando hay paz en las fronteras

La “revolución social” puede ser financiada gastando menos en armamento

La columna de Cecilia Valenzuela en El Comercio del miércoles 24 recuerda dos datos que se difundieron por primera vez el 20 enero pasado: según el Centro de Análisis del Comercio Mundial de Armas (CACMA) de Rusia “entre el 2014 y el 2016, el Perú compró US$ 2,600 millones en armamento”; y el gasto de 2015 fue superior en 150% al de 2014. Informaciones similares se publicaron en otros medios como Gestión y el diario digital Altavoz, además de los análisis del ex ministro Luis Carranza y otros expertos, en el contexto de opiniones muy críticas sobre la política económica del gobierno anterior.

Desde la óptica internacional es obligatorio destacar la sorprendente correlación inversa entre la compra de armamento y las amenazas externas que justifican las decisiones de adquirir material bélico avanzado en proporciones semejantes, pues los capitales gastados podrían haberse invertido en desarrollo económico y servicios sociales prioritarios.

Los factores que exigían mantener un nivel de gasto militar elevado estaban claramente focalizados en las situaciones potencialmente conflictivas que teníamos al norte y al sur de nuestro territorio: con Ecuador (tres últimos enfrentamientos bélicos en 1941, 1981 y 1995) y Chile. No obstante, el problema con Ecuador y la última controversia con Chile fueron resueltos con anterioridad a las adquisiciones de armas en referencia.

El armisticio que puso fin a la Guerra del Cenepa (17.2.1995) permitió la negociación que culminó en Brasilia con la firma de los Acuerdos de Paz, el 28 de octubre de 1998; acuerdos firmados por los presidentes Fujimori y Mahuad, y en presencia de los mandatarios de Brasil, Argentina, Chile y representantes de EE.UU., el Vaticano y otros Jefes de estado. El proceso de ejecución se inició de inmediato.

Es cierto que las conversaciones diplomáticas tomaron casi cuatro años, que contamos con la presencia de observadores militares (MOMEP) en la zona disputada, y que la presión disuasiva de las FF.AA. respectivas fue intensa. Sin embargo, Perú y Ecuador cumplieron ejemplarmente lo acordado con los países Garantes y terminaron de demarcar los límites del Protocolo de Río de Janeiro, colocando 23 hitos en las selvas orientales. En menos de un año, el 13 de mayo de 1999, se firmó el Acta Final de la Comisión Mixta Demarcatoria, pendiente desde 1942.

En el caso de Chile, 13 de noviembre de 1999 se suscribió el acuerdo de ejecución relativo a los derechos especiales del Perú en el Puerto de Arica pactados setenta años antes, en el Tratado de 1929. Y la complicada controversia sobre la delimitación marítima bilateral fue definitivamente zanjada por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia el 27 de enero de 2014, que es un ejemplo de equidad. El manejo jurídico y diplomático del litigio en La Haya —un hito en la historia del nuevo Derecho del Mar— fue inmediatamente acatado y ejecutado por Perú y Chile en los primeros meses de ese mismo año.

El gasto militar se justifica en virtud de hipótesis de guerra posibles. Sin embargo, desde los primeros meses de 2014 no había ninguna que pudiera sustentarse razonablemente, porque no existían problemas o tensiones diplomáticas al norte ni al sur. Las fronteras con Chile y Ecuador ya eran zonas de encuentro y cooperación que generaban bienestar y riqueza para los tres países, gracias al esfuerzo y eficiencia de nuestra diplomacia.

Hemos purgado enfrentamientos bélicos por hipotecas territoriales históricas que demandaban un fuerte gasto militar. Pero esas hipotecas han sido levantadas, y ello tiene que reflejarse sustantivamente en el próximo presupuesto de la Nación, que debe ser un instrumento eficaz para reducir el déficit fiscal existente. La “revolución social” ofrecida por el presidente Kuczynski puede ser parcialmente financiada con un ahorro significativo en el pliego de Defensa, que permitiría invertir los recursos públicos en función de prioridades que beneficien a todos los peruanos.

J. Eduardo Ponce Vivanco