¿No a la inversión minera?

No obstante la tormenta política, que baja de intensidad pero no se detiene, el Gobierno logró entregar en concesión el proyecto minero Michiquillay, cuyo desarrollo podría representar una inversión aproximada de US$ 2,500 millones. Es una cifra muy importante, y quizás la mayor trascendencia esté en el positivo impacto social que estas inversión genera.

Como han dado a conocer múltiples informes económicos, elaborados por instituciones peruanas y extranjeros de reconocido prestigio, donde hay actividad minera la pobreza disminuye de manera sustantiva y los índices de desarrollo humano lo demuestran. ¿Por qué? Porque la minería es una actividad de largo plazo, con horizontes de al menos veinte años; es decir, dos generaciones, cuatro períodos de gobierno, cinco gobiernos locales y regionales.

El desarrollo de un proyecto minero, en general, se diseña pensando en los próximos veinte años. En dicho periodo debe recuperarse la inversión, generar ganancias, pagar impuestos y contribuir al desarrollo socio-económico del entorno; además de incorporar las fluctuaciones de los precios de los metales como consecuencia de la expansión o contracción de la economía.

¿Qué ejercicio se ha hecho para que un proyecto minero tenga éxito? Pensar con visión de futuro y sostener en dicho periodo objetivos y estrategias. En cambio, ¿qué sucede en el sector público sujeto a los devaneos de la política? Se producen cambios constantes en la administración, con visiones y objetivos muchas veces contrapuestos. No se logra el tiempo necesario para que los objetivos de desarrollo se consoliden y la insatisfacción de la ciudadanía se acrecienta, lo que impulsa un recambio en las autoridades.

Lo anterior no quiere decir que lo deseable es contar con periodos gubernamentales más extensos y limitar las opciones de alternancia en el poder. Lo que se busca es que sea quien fuere aquel que resulte elegido en un proceso democrático, no cambie ni pervierta a su antojo los grandes objetivos del Perú: crecimiento en democracia para reducir la pobreza y generar más oportunidades para todos.

Empero, cuando algunos políticos de izquierda se oponen a la inversión, manifestando que tal o cual proyecto “nació muerto”, lo que están haciendo es privar a la próxima generación, a los actuales niños y jóvenes, de contar con una educación de mejor calidad, mecanismo que suele abrir las puertas para alcanzar mejores niveles de calidad de vida.

Como se sabe, la empresa Southern Peru adquirió el yacimiento cuprífero denominado Michiquillay mediante oferta pública organizada por Proinversión el pasado 20 de febrero. ¿Qué ocurrirá una vez que entre en operación dicho proyecto? 1) Apoyará la mejora de la calidad de la educación pública, tal como ya lo viene haciendo esta empresa desde hace más de una década ,con resultados relevantes en las regiones donde opera (Moquegua y Tacna). 2) Impulsar los niveles de productividad local para que la agricultura y la ganadería incrementen su rentabilidad, lo que eleva la calidad de vida de las poblaciones del entorno. 3) Generar oportunidades económicas mediante encadenamientos productivos, aproximando a los productores con los consumidores.

Antes de optar por el no, sería conveniente que la antiminería y sus políticos manifiesten cuál es su propuesta de desarrollo. Porque a la fecha lo único que han conseguido es detener las inversiones y convertir a Cajamarca en la región más pobre del Perú. Eso no es aceptable.