No a la corrupción: un enfoque económico

Hace unos días fuimos testigos de la corrupción que impera en el Poder Judicial. Y esta denuncia no parece ser un hecho aislado: según estudios del Banco Mundial, al 2017 la corrupción genera pérdidas estimadas del orden del 2% del PBI a nivel mundial. Las últimas evaluaciones realizadas en México señalan que el costo de la corrupción podría elevarse incluso al 10% del PBI. Y este número, que parece muy grande, resulta mucho más preocupante si se toma en consideración que la existencia de un Poder Judicial corrupto se traduce además en que se genera inestabilidad jurídica y que los costos de operar en el Perú, para un inversionista extranjero, se incrementan aún más.

Perú ocupa la posición 72 entre los 137 países en el ranking de corrupción del Foro Económico Mundial, mostrando una caída de cinco (5) posiciones, como resultado de los escándalos de corrupción que se multiplican día a día. Este lugar nos ubica en una posición complicada frente a países desarrollados —como Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia o Noruega— que se posicionan entre los menos corruptos y cuentan con indicadores de desarrollo humano que nos hablan de un círculo virtuoso. Países con mayores ingresos per cápita, como estos, cuentan con un Estado que provee servicios públicos básicos al grueso de la población y un nivel de formalidad tributaria y de empleo que bordea el 100%.

Hemos retrocedido largamente en nuestra lucha contra la corrupción. Y si bien somos un país de ingresos medios, el porcentaje de población que vive con un ingreso mensual por debajo de los S/ 900 mensuales equivale al 30%. No puede haber crecimiento económico a largo plazo sin inversión, y esta se fortalece con un entorno jurídico transparente, en el que la lucha contra la corrupción en el aparato público y contras las actividades ilegales —como el narcotráfico, la tala ilegal o la minería ilegal— sean castigadas severamente. Y eso es imposible con un Poder Judicial a medias tintas, con casos de corrupción como los denunciados, que pueden ser aislados o la muestra de hechos mucho más graves.

En Acemoglú y Robinson, “¿Por qué fracasan las naciones?, se hace especial énfasis en la importancia de instituciones democráticas inclusivas, en las que la población pueda accionar para hacer valer sus derechos. El Congreso no puede ponerse de costado; es el momento en el que los ciudadanos exigimos acciones concretas en la reforma del Poder Judicial y en el financiamiento de los partidos políticos.

Pero también es el momento de actuar. No solo con las marchas, sino desde nuestras trincheras, denunciando los actos de corrupción que vemos, aunque eso suponga que tomen represalias contra nosotros. Si todos nos unimos, el corrupto no podrá tejer su red de corrupción y los delincuentes no corromperán a nuestras autoridades; ni estas intentarán cobrar los denominados “cupos” para otorgar la buena pro a las empresas participantes en las licitaciones.

Somos millones los peruanos que tenemos claro que nuestro país requiere organizaciones probas, políticos honestos y herramientas de control político. Solo así evitaremos que el dinero mal habido haga que una sentencia de violación a una menor se negocie, mostrando la asquerosa pus que se gesta en la infectada justicia que hoy tenemos.