Ni tanto que queme al santo…

Soy un convencido de que nuestro comportamiento como ciudadanos (incluyendo, por supuesto, nuestras decisiones electorales) debe reflejar nuestro punto de vista y valores. Y esto incluye respetar nuestras creencias y preferencias. Sin anestesia, pienso que si usted se opone al asesinato de niños no natos, tiene todo el derecho de votar de acuerdo a su perspectiva; o si usted es un pequeño empresario, puede creer que un subsidio a las pymes lo favorece y votar por el personaje que lo oferte. Aunque esto para nada lo libere de su responsabilidad, como ciudadano, de preocuparse y discutir sobre si el aludido subsidio tiene o no efectos positivos sobre la sociedad en la que vive.

Las cosas se complican cuando agrupaciones políticamente pesadas (tales como sindicatos, gremios o iglesias) asumen el rol de impolutos asesores de política económica. Por supuesto que un sindicato de zapateros, un gremio de embotelladoras o una iglesia determinada pueden mostrar públicamente sus preocupaciones y hasta sugerir pautas de comportamiento a sus afiliados o feligreses. Ni siquiera pienso que es para rasgarse las vestiduras si vemos a agrupaciones privadas —como estas— tomar una posición de respaldo explícito o tácito sobre determinada ideología política.

Sobre este punto, la historia es muy rica en ejemplos de sindicatos, gremios o iglesias que —por liderazgos enfermos, cálculos o razones nada santas— se acomodaron con algún candidato o ideología. Sin embargo, cada ciudadano debería reflexionar sobre las razones por las cuales esto es así. Después de todo abundan trabajadores, afiliados y feligreses sacrificados (o traicionados) por las cúpulas de sus agrupaciones. Por todo esto, los invito a reflexionar o desconfiar mucho cuando el Gobierno busca consensos —o cede a presiones— de grupos privados que persiguen intereses cambiantes.

Dicho esto, resulta de particular valor coyuntural referirnos al reciente comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana, en el que la institución religiosa de mayor peso del país enfoca la reciente e impopular alza de un impuesto al consumo (ISC), la carga hipertrófica de impuestos a empresas y personas formales, los abusivos niveles actuales de gastos superfluos (gastos en publicidad estatal, por ejemplo) y el escandaloso nivel de empleo burocrático acumulado en las dos últimas décadas. En dicho comunicado se concluye enfatizando que estas prácticas configuran una burla para la ciudadanía. Ponderemos esto cuidadosamente, muy estimados lectores. Aunque en este caso puntual coincidir es fácil, dado que elevar impuestos sin hacer mayores esfuerzos por ordenar el gasto (manteniendo niveles absurdos de gasto no prioritario y empleos burocráticos) resulta fácil y torpe.

Sin embargo, me gana la duda, ese motor de cualquier creencia. Aunque el comunicado haya visto la luz muy oportuna o convenientemente —ad portas de un largo proceso electoral previo al 2021— su supuesto núcleo (la irracionalidad fiscal peruana, la inflación de los gastos estatales, su ineficiencia y la introducción hipertrófica de regulaciones, impuestos, tasas y contribuciones a los peruanos grandes y pequeños) no ha merecido pronunciamientos similares en las últimas dos décadas.

Y esto nos lleva a dos preguntas que muerden. La primera implica el sencillo ¿por qué ahora? Y a esta pregunta no le voy a dar respuesta, adrede. Se lo dejo a usted estimado ciudadano. Lea, pondere y descubrirá.

Pero la segunda resulta una interrogante particularmente sugestiva (y derivada de su respuesta de la primera): ¿es aconsejable que una institución privada y muy poderosa nos indique cuál es la política económica que deberíamos seguir? En forma similar a la que un gremio de tal o cual sector hace un diagnóstico de envoltura empática sobre lo que —de acuerdo a sus intereses— está mal, deberemos ser recelosos respecto a lo que venga después. Tenemos una burocracia de origen accidental y muy acomodaticia, de rey a paje. Como sostiene Mario Ghibellini en un artículo en la revista Somos la semana pasada, en nuestro país la frase leninista “salvo el poder todo es ilusión” tal vez deba ser reinterpretada. Con una débil institucionalidad hay mucho de iluso al creer en el poder del Gobierno. Y esto se refleja en los afanes de ceder cuantas veces resulte necesario, a lo Ollanta Humala o PPK. Ceder a los que pueden presionar.

Por eso, desconfiemos. El comunicado aludido es muy atractivo. Es cierto: en las últimas décadas la burocracia ha inflado sus gastos, su corrupción e ineficiencia nos ha llenado de regulaciones, impuestos, tasas y contribuciones a los peruanos, grandes y pequeños. Pero esto no se resuelve con más burocracia y aplicando impuestos a algunos sí a otros no. Se requiere visión, determinación y transparencia. Para hacer valer esto necesitamos ciudadanía, y no seguir los consejos de determinados grupos de privados. En este plano tiene mucha razón ese viejo refrán: “Ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre”. Nada de consejos interesados.