Necesitamos confiar en la justicia

Cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Duberlí Rodríguez, juramentó en enero pasado reconoció que la opinión pública percibe corrupción y lentitud en la administración de justicia, por lo que prometió celeridad en los juicios y la implantación de la digitalización de los expedientes antes del 31 de diciembre.

Han transcurrido cuatro meses y aún no se advierte cambios. Lo que sí está ocurriendo es la sobreexposición mediática de dicho magistrado con declaraciones que, en muchos casos, generan controversia y motivan recelo, porque son vistas como un “adelanto de opinión”, frente a casos judiciales emblemáticos; como los de los ex presidentes de la República Alejandro Toledo y Ollanta Humala, por los casos “Lava Jato”, así como otros altos funcionarios.

Las opiniones jurídicas del máximo magistrado provocan condicionamiento en jueces de menor jerarquía que, de alguna manera, se ven influidos por lo que el jefe máximo manifiesta. Consideramos que, en su condición de juez supremo, Duberlí Rodríguez debe guardar reserva sobre casos que aún se están ventilando en instancias judiciales menores. Esto puede comprobarse con el incomprensible levantamiento del impedimento de salida de Nadine Heredia, un día después de sus declaraciones.

Sus declaraciones, aunque sean técnicamente correctas, podrían ser empleadas por la defensa de los acusados para demostrar que son víctimas de una persecución política que, en este caso, es inexistente. Lo real es que estamos frente a una tremenda ola de corrupción que debe ser erradicada definitivamente para que el pueblo recobre la fe en la democracia y, sobre todo, en sus autoridades.

La tarea que le espera al presidente de la Corte Suprema es inmensa. Para ello debería evaluar, junto a su Consejo Ejecutivo, la posibilidad de rotar a los jueces cada dos años, evitando con ello que caigan en corrupción, tal como ocurrió en la región Ancash, donde César Álvarez, ex gobernador regional preso en Piedras Gordas, regalaba a diestra y siniestra pasajes y becas al extranjero a jueces y fiscales, convirtiéndolos en sus cómplices. Tuvo más de 400 denuncias y de todas salió absuelto.

Lo mismo ha sucedido en otras regiones, como el Callao y Tumbes, donde también se archivaron los juicios contra el gobernador Félix Moreno y Gerardo Viñas. La rotación, tal como ocurre en las Fuerzas Armadas y ahora en la Policía Nacional, no solo es necesaria para que el magistrado acumule mayores experiencias, sino saludable para la moral del funcionario que ejerce autoridad en nombre del Estado.

Consideramos que el Ministerio Público, encabezado por el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, viene a la fecha cumpliendo con sus funciones, respaldando y coordinando con la Policía Nacional los “megaoperativos” que están desarticulando a las bandas organizadas de extorsionadores, secuestradores y traficantes de tierras, integradas por malos policías, alcaldes, abogados, ranqueados delincuentes y empresarios inescrupulosos.

También es positiva la actuación de nuestros jóvenes fiscales en el caso “Lava Jato”, que nos muestra la magnitud de la corrupción; no solo en Brasil sino en todo el continente, incluyendo al Perú. Es por ello que los fiscales y procuradores anticorrupción deben contar con el máximo apoyo del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Ministerio de Justicia para que cumplan con el objetivo que les exige la sociedad. Tienen que darles todas las facilidades logísticas y de seguridad necesaria, para que lleven adelante su delicada función.

Para todo ello los poderes del Estado, a través de sus máximos representantes, deben dar claras señales de compromiso, para que la justicia condene con la debida celeridad y severidad a los culpables, con pruebas y sin ensañamiento alguno. Solo así el pueblo recobrará la confianza en la justicia y, sobre todo, en sus autoridades.