Necesitamos cambios estructurales…

Reformas para la emergencia y reconstrucción

A propósito de los trágicos acontecimientos derivados de las lluvias, huaicos e inundaciones que azotan al país, el presidente Kuczynski responsabilizó a las autoridades municipales por permitir que, a cambio de una propina, se construyan viviendas o edificaciones en los márgenes de los ríos.

Lo señalado por el mandatario implica que no solo estaríamos frente a la negligencia de los alcaldes y funcionarios municipales que permiten que ilegalmente se construyan inmuebles en los márgenes ribereños, sino que además esta laxitud municipal sería consecuencia de una previa “aceitada”, es decir, que las autoridades municipales no solo serían negligentes sino también corruptas.

En términos generales, resulta más que entendible la indignación y frustración que debe sentir el mandatario con todo lo que viene ocurriendo en las últimas semanas, empero, sus apreciaciones personales no están sintonizadas al cien por ciento con la realidad.

En primer lugar, quien aprueba la construcción de una edificación no es la municipalidad propiamente. Por mandato legal, quien califica y dictamina cada petición para construir una casa, un edificio, etc. es una comisión especial integrada por representantes independientes del colegio de arquitectos y del colegio ingenieros más un funcionario municipal. Asimismo, dependiendo del caso, podría sumarse un representante del Ministerio de Cultura o de CAPECO.

En esta comisión las decisiones son colegiadas, por lo que si existiese alguna “aceitada” de por medio, no solo sería un tema municipal sino que ello comprendería a (por lo menos) parte de los delegados o representantes de los colegios profesionales y a los funcionarios y representantes de CAPECO, del Ministerio de Cultura y demás.

En segundo lugar y siendo objetivos, lo más probable es que las viviendas construidas en las zonas adyacentes a los ríos no deben tener autorización municipal ni de ningún tipo. Digamos que esto es parte de nuestro folclore en el que cunde la informalidad. Dicho esto y si la mayoría (quizá todas) las construcciones a las que aludió el presidente Kuczynski no contaban con los permisos para construir ¿qué podemos hacer?

Por la ubicación y características de los inmuebles en cuestión, lo primero que se debió dictar a nivel local es una orden de inhabitabilidad del o de los inmuebles, pues es evidente que la permanencia de personas en dichos predios los expone a un inminente riesgo para sus vidas. Acto seguido, debió dictarse una orden de demolición para derrumbar estas edificaciones que contrarían los procedimientos legales y el sentido común.

Al parecer, la cosa parece sencilla y es cuestión de emitir un par de resoluciones y el problema está resuelto. Quizá en el libro de texto sobre derecho municipal que leíste en la universidad ello puede resolverse así, pero en el mundo real las cosas no son tan sencillas para las autoridades municipales, toda vez que para ejecutar, por ejemplo, la orden de demolición primero se tiene que agotar la vía administrativa y luego “el afectado” por la decisión municipal podría recurrir al Poder Judicial para impugnar la resolución de marras que ordena la dichosa demolición.

Luego de unos 3 a 5 años de litigio, imaginémonos que la entidad edil gana el proceso judicial y se confirma que la orden de demolición es válida. Entonces ¿Se puede derrumbar los predios?

No. La Ley Orgánica de Municipalidades y el Tribunal Constitucional han establecido que antes de ejecutar una demolición se tiene que iniciar otro proceso judicial para que un juez autorice esta acción. Sumémosle otros 3 a 5 años adicionales en litigios, abogados y demás. En resumen, para ejecutar la demolición de viviendas ribereñas o de cualquier otro inmueble, cada gobierno local debe invertir un promedio de 8 años y no se sabe si al final el Poder Judicial le dará la razón.

Como podemos apreciar, las cosas no son tan sencillas si se quieren hacer bien. Recordemos el caso del mausoleo senderista erigido en un cementerio en el distrito de Comas. Varios políticos y autoridades hicieron manifiesta su indignación, incluso un ministro ofreció apoyo para derruir esta afrenta a nuestros compatriotas que perecieron víctimas del terrorismo. Pese a todo, la afrenta sigue en pie y no es porque aceitaron al Alcalde, sino porque nuestro sistema legal es más que imperfecto y permite que este tipo de aberraciones subsistan.

Nuestro Presidente no solo debe encabezar las acciones inmediatas para atender a los damnificados, sino que además debe encargarse de planificar acciones concretas que a futuro ayuden a que el impacto de sucesos similares sea menor y, dentro de ese paquete de acciones está el replantear una serie de disposiciones que vuelven al Estado ineficiente y le resta autoridad.

Diethell Columbus