Narcoelecciones a la vista

Sobre la penetración silenciosa del narcotráfico en la política.

Todas las evidencias confirman que, en el presente proceso electoral, la presencia del narcotráfico y otras fuentes de la economía delictiva, serán gravitantes más allá del silencio, complicidad o medias voces de las instituciones encargadas del control y de los medios de comunicación.

El agravante para la retroalimentación de este escenario en formación es la creciente tolerancia social en muchos territorios que han devenido en narcoregiones, narcoprovincias o narcodistritos. Se muestra así una perversa tendencia a la cohabitación con la expansión del narcotráfico. Si hay amplios sectores sociales que se sostienen económicamente del negocio de la droga o de otras fuentes de la economía delictiva, es lógico que, en medio de la impunidad, lo pretendan hacer también en la esfera de la política y del poder. Se observa el surgimiento de una peligrosa racionalidad de análisis, riesgo y costo-beneficio para intentar utilizar las riendas del Estado y de sus instituciones de representación en beneficio de una mayor expansión económica.

Hay ya un escenario electoral cargado de acusaciones basadas en indicios razonables que señalan que diversos actores estarían comprometidos con el narcotráfico o con el lavado de activos. En este contexto, llama a la suspicacia que el congresista de Perú Posible, José León, precisamente cuestionado por su relación contractual con el narcotraficante mexicano Rodrigo Torres, haya liderado con éxito la oposición a derogar el voto preferencial, desacatando los acuerdos de su partido político. La vigencia del voto preferencial sería un enorme ventanal para que el narcotráfico tenga representantes orgánicos y siga ganando presencia en el Estado y la política.

La diferencia cualitativa entre este proceso electoral y los anteriores es que ahora el narcotráfico no solo apoyará a candidatos que defiendan el status quo propicio para el avance de sus negocios, sino que ellos mismos intentarán esta vez llegar directamente el vértice más alto del triángulo del poder, con la legitimidad y legalidad de una elección.           

Juan José Garrido, Director de Perú21, decía recientemente en su editorial que “la mesa está servida: la producción (de cocaína) abunda en una zona alejada del Estado y donde la corrupción fluye sin problemas; nuestras instituciones son una coladera aceitada por los flujos en moneda extranjera; y nuestra clase política no tiene empacho para mezclarse con personajes harto cuestionados. Un ecosistema perfecto para el negocio y, ahora, para la aventura política”. Así de catastrófico parece el escenario electoral que asoma.

Hasta ahora los candidatos presidenciales que han oficializado sus candidaturas han prometido de todo para generar un nuevo momento de crecimiento económico, pero no han planteado ninguna iniciativa específica y enérgica para enfrentar el narcotráfico y el lavado de activos. El eje de su oferta electoral se centra en prometer un nuevo crecimiento económico, pero obvian olímpicamente que aquel puede desarrollarse en un escenario de “mexicanización”, una situación que bloquearía los intentos de crecimiento sostenible. Habría que esperar no solo una rectificación sino que otros candidatos marquen una pauta radicalmente distinta para revertir esta situación en el próximo quinquenio. Igualmente, los organismos electorales como la ONPE, RENIEC y el JNE deben asumir su función de fiscalización, pese a las limitaciones de la ley.

El bloqueo de la reforma electoral en el Congreso, la oposición de la mayoría de sus integrantes para fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), una entidad crucial para detectar a los peces gordos de narcotráfico, y la reciente captura de un alto mando de las fuerzas policiales en Puno trasladando decenas de kilos de cocaína a Bolivia, demuestran claramente que el proceso electoral actual revela las evidencias de una narcosociedad y un narcoestado, situación que está creando las condiciones para que, por primera vez en la historia del Perú, se viva propiamente una narcoelección para representantes al Congreso y la primera magistratura de la nación.

Como bien dice Juan José Garrido, Director de Perú21, “estamos alertados”.