Minería e impuestos, aportes reales

Sector minero es el principal aportante de impuestos

La oposición al desarrollo de proyectos mineros por parte de las ONG y los activistas tiene una historia paralela al desarrollo de nuestra minería, con argumentos que van mudando de acuerdo al avance que logran los proyectos mineros y de las regiones donde se desarrollan estos.

En la década de los noventa era común escuchar que las empresas mineras no pagaban impuestos, percepción generada por interpretaciones acomodadas de los contratos de estabilidad tributaria que firmaron con el Estado las mineras que iniciaron su desarrollo en dichos años. Este falaz argumento fue abandonado ante lo concreto del aporte tributario del sector minero a nuestro país: el 29% de los impuestos pagados por todos los sectores por Impuesto a la Renta en los últimos diez años corresponde al sector minero, que es el principal aportante de nuestro fisco, seguido por el comercio (14%) y la manufactura no primaria (11 %).

Ante esta evidencia los opositores encarpetan el tema tributario y concentran sus discursos en el tema ambiental, con discursos que van desde el “agua sí, mina no” que esgrimen en zonas de proyectos por desarrollar, hasta la exigencia de compensaciones por los impactos que le atribuyen a la minería en zonas donde ya se viene desarrollando explotación de minerales.

Hace poco se ha pretendido reavivar el cuestionamiento tributario respecto a la minería con la edición del libro Recaudación fiscal y beneficios tributarios en el sector minero, editado por CooperAcción, Grupo Propuesta Ciudadana y Oxfam, concluyendo sesgadamente que el marco tributario de la minería permite que las empresas mineras no pagan lo que deberían de pagar.

Un primer punto a considerar al respecto es lo limitado del estudio, pues centra su análisis en solo dos proyectos mineros: uno que tiene poco tiempo de producción y cuyos beneficios fiscales se verán en los próximos años, y otro que ejecutó recientemente una importante ampliación y que igualmente reportará futuros beneficios. Es entendible que en estos primeros años no se tenga renta y, por ende, ni tributos ni canon minero; tal situación se da en todo proyecto, minero o de otro sector, que recién inicia actividades. Tal situación se atenuó en el caso de Las Bambas con el esquema de pago de regalías por el 3% del monto de ventas, además de los préstamos acordados entre las autoridades locales con el gobierno teniendo como base de pago los futuros ingresos por canon minero.

No se incluye en el análisis a empresas mineras que vienen operando en nuestro país, trabajando y aportando por varias décadas, tanto recursos para el Estado a través de impuestos como posibilidades de un desarrollo económico a través de sus encadenamientos productivos, y generando desarrollo regional con la inversión social ejecutada en sus zonas de operaciones. No es pues una muestra representativa del sector minero, y mal se hace en inferir el comportamiento tributario de todo el sector al estudiar solo dos proyectos en sus primeros años de actividad.

El texto pone en polémica la existencia de los Contratos de Estabilidad Tributaria por considerarlos beneficios tributarios. Ello no es verdad, un Contrato de Estabilidad Tributaria es un mecanismo que permite a un inversionista tener seguridad jurídica, reglas fijas que no se modificarán en el tiempo de vigencia del mismo, evitando que en el camino la empresa tenga que pagar nuevos impuestos; esta seguridad tiene un costo de 2% para el suscriptor. No son beneficios tributarios pues, solo es mantener sin cambios el marco tributario existente el momento de la firma del contrato.

Se cuestiona que en los últimos años los aportes fiscales de la minería se hayan reducido, en contraposición de los aumentos en la producción y exportación de minerales. Si bien ello es cierto, la situación se da por la caída en los precios de los minerales; no tiene nada que ver con el esquema tributario del sector minero, es por factores externos.

Es importante remarcar que el sector minero, en su calidad de principal aportante de impuestos al Gobierno central, ha tenido en los últimos años variaciones en su marco normativo, impulsados por el interés de los sucesivos gobiernos de tener mayores ingresos fiscales al grabar las utilidades de las empresas. El sector minero es además el único sector productivo que cuenta con gravámenes especiales y exclusivos: el Gravamen Especial a la Minería (GEM), y el Impuesto Especial a la Minería (IEM), ambos fijados a inicios del gobierno de Humala.

Cabe tomar en cuenta adicionalmente que nuestro país es líder en cuanto a transparencia en el pago de impuestos por parte de las empresas del sector, y en el uso de dichos recursos por parte del Estado. La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), tiene a nuestro país como un ejemplo a ser imitado por los demás países con inversiones minero energéticas. Esta iniciativa, en la que además del Estado participan las empresas y la sociedad civil representada por la academia y las ONG, es una prueba real del orden que tiene nuestro fisco respecto a los aportes de la minería.

Humberto Arnillas Traverso