Menos leyes, mejores leyes…

Para combatir la proliferación y contaminación legislativa

Desde que se inició el actual período parlamentario, el pasado 27 de julio, el número de proyectos de ley presentados se acerca a los trescientos, en poco más de dos meses. Si esta tendencia se mantiene, en diciembre el registro de iniciativas legislativas podría bordear las quinientas. O quizá más. ¿Sobre qué asuntos estiman los legisladores que es necesario actuar promoviendo nuevas regulaciones con rango de ley? La variedad es notable.

Los proyectos de leyes declarativas casi alcanzan los treinta. Luego, en cuanto a temas, encontramos una variopinta lista de iniciativas legislativas. La pregunta es: ¿En realidad necesitamos tantas leyes? No creo que sea así. Por el contrario, necesitamos reducir el número de leyes y regulaciones. Por ello, en 2009 se creó la “Comisión especial multipartidaria encargada del ordenamiento legislativo”, que estuvo presidida por el entonces congresista Santiago Fujimori, con la finalidad de llevar adelante el proceso de consolidación, sistematización y difusión del sistema normativo peruano. La idea era combatir la proliferación legislativa (demasiadas leyes) y la contaminación legislativa: leyes inútiles, contradictorias, ineficaces, etc.

¿Qué hizo la Comisión? Veamos. Partiendo de un estimado de casi 32,000 cuerpos normativos con rango de ley vigentes hasta entonces, la Comisión promovió y logró que se deroguen más de 10,000 leyes o normas con rango de ley. Nada mal. Pero, lamentablemente, su actividad se fue paralizando durante el período parlamentario precedente y, finalmente, pasó a la inactividad.

Por otro lado es cierto que desde que se modificó el reglamento del Congreso, para incorporar el requisito de la aprobación previa de los proyectos de ley por los grupos parlamentarios, el número de iniciativas legislativas descendió; sin embargo, con el paso del tiempo la rigurosidad del control de los grupos sobre las iniciativas de sus miembros se ha ido flexibilizando. El resultado es que aún se observa la tendencia hacia el crecimiento en la presentación de propuestas normativas. Es más, muchos parlamentarios, y sus asesores, aún creen que cuanto más proyectos de ley presenten mejor será su estimación pública. Y es posible que así sea en ciertos casos, pero la relación «número de proyectos de ley - aprobación popular» no está probada. E intuyo que no funciona.

El ordenamiento jurídico —o el derecho, si se quiere— debe servir para la facilitar la vida en sociedad y establecer las bases para que, en orden, las personas y las organizaciones se desarrollen. Pero un número exagerado e inmanejable de leyes, sumado a la constatación de que algunas —quizá no pocas— son contradictorias, confusas o regulan situaciones anacrónicas, entre otras posibilidades, tiene el efecto contrario; es decir, complican la convivencia y no promueven el desarrollo corporativo ni personal.

Entonces, ¿por qué no, más bien, ir en sentido contrario? Esto es, esmerarse en reducir el número de leyes y otras regulaciones y simplificar el ordenamiento jurídico; y además implantar un procedimiento de medición del impacto social y económico de la legislación. ¡Gran favor le haría el Congreso a la ciudadanía! A la que se finalmente debe.

Si bien la reducción del número de leyes es crucial, también es necesario mejorar su calidad técnica y la redacción normativa, de modo tal que la gran mayoría de personas —ojalá fueran todas— puedan entender el contenido de las reglas que inciden sobre sus vidas. No se sugiere que se deje de debatir y aprobar nuevas leyes. Algunas son necesarias y, por lo tanto, previo examen de su pertinencia, deberían ser promovidas; pero solo cuando las circunstancias lo justifiquen, y no cada vez que alguien tenga una «buena idea» legislativa.

En resumen: Menos leyes, y solo las leyes estrictamente necesarias y de mejor calidad.

 

José Elice Navarro