¡Mano firme con radicales corruptos!

Los sucesos en Islay y la respuesta que espera el Perú de sus autoridades.   

Tal como están las cosas, luego de estallado el conflicto contra el proyecto cuprífero Tía María, el gobierno tiene la obligación de desplegar acciones inmediatas contra lo que, hechas las sumas y las restas, se constituye en una auténtica amenaza al país. En primer lugar, los audios que protagonizan el antiminero Pepe Julio Gutiérrez y el abogado de la Southern, Jesús Gómez Urquizo, confirman la extorsión del primero y la complicidad del segundo. El diálogo —revelador y asqueroso, al mismo tiempo— ocurrió entre la segunda y tercera semana de abril.

En ese momento, Gutiérrez era un alto dirigente del partido Tierra y Libertad, mientras que Gómez representaba a la empresa a cargo del proyecto. Lo que se evidencia de la grabación, propalada por Willax, es que Gutiérrez y los dirigentes que dice representar, practican un perverso mercantilismo de la protesta —que costó la vida de tres personas, heridos, destrozos y el surgimiento de los 'huaraqueros' del Tambo—, y un tipo como Gómez hablando a nombre de la Southern, que sin ningún escrúpulo está dispuesta a "arreglar" todo con dinero. Las consecuencias de esa repugnante negociación afectan hoy a todos los peruanos (se ha frenado la inversión y se ha instaurado el terror); ambos personajes deben ser procesados y, si la justicia se desahueva de una vez y se pone firme, tendrían que ser sentenciados por extorsión, soborno y asociación ilícita para delinquir (por enumerar los delitos más graves que se cargarían los dos interlocutores).

Con la ley en la mano, el Poder Ejecutivo debe liderar una respuesta firme y sin titubeos. Coordinar ya mismo con jueces y fiscales, al más alto nivel, los procesos que deben enfrentar no solo los lentejeros —los que las proveen y los que las ambicionan—, sino a todos aquellos que han llevado las cosas a un punto donde el diálogo alturado o la negociación entre iguales deben esperar un poco hasta restaurar el orden. Los magistrados arequipeños no están en la capacidad de hacer justicia con los revoltosos y los ideólogos de este desmadre. Lo blandengue que parece ser la jueza Lastra no deja dudas de su incapacidad para esta clase de juicios. Deben conformarse ya mismo fiscalías y juzgados ad hoc que procesen expeditivamente a los que instigaron la revuelta, a quienes han destrozado la propiedad pública y privada sin ningún empacho, y a los que han tomado el Valle del Tambo cobrando hoy cupos a los agricultores de la zona; amén de gente inocente que ha fugado de Cocachacra para refugiarse en Arequipa, expulsados por estos salvajes. Al mismo tiempo, la Sociedad de Minería debe condenar el comportamiento delictivo de la Southern, que se evidencia en los audios, y castigar a esta empresa con la sanción más drástica que disponga su estatuto.

Se debe declarar el estado de emergencia en la región Arequipa. Descabezar las protestas que se anuncian para la última semana de mayo. Detener a los "espartambos" y a los "huaraqueros", convertidos hoy en ejércitos armados que atacan a la policía y a quienes no comulgan con sus ideas violentistas. Esto, que ha desbordado cualquier cauce razonable, no es otra cosa que subversión, un nuevo terrorismo que amenaza con extenderse a otras regiones del sur. Y ha sido instigado y promovido por los líderes del partido antiminero de Marco Arana, Tierra y Libertad. A estos les toca buena parte de responsabilidad por azuzar a las masas. Según da cuenta el portal Mollendinos, Arana y sus subordinados José De Echave, Jesús Cornejo, Pedro Francke y el lentejero Pepe Julio Gutiérrez convocaron, el pasado 10 de abril, a la radicalización de la huelga contra Tía María. Esta convocatoria terminó desbordando la paz social en Islay y la ha convertido en una auténtica zona liberada. El gobierno debe prohibir inmediatamente —hasta que todo vuelva a la calma— todo tipo de dinero local o extranjero que financia a los partidos y oenegés que participan en las protestas antimineras (entre ellas Tierra y Libertad). Se debe desterrar este falso discurso ambientalista, que en realidad es extorsión detrás de un millón de lentejas. La RAE define terrorismo, como "una forma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de temor e inseguridad". A eso nos enfrentamos hoy en el Tambo, y amenaza con extenderse a otras regiones del país. No seamos otra vez los cojudos de 1980. Hay que cortar esto cuanto antes; después puede ser muy tarde.

Por Jaime Chincha
22 - May - 2015