LOS “VÁNDALOS” EN LIMA NORTE

Presencia de algunos vándalos no niega legitimidad de la protesta

El jueves 5 de enero, pobladores de Lima Norte protestaron contra la instalación de un peaje, a todas luces arbitrario, en la mal llamada “autopista” administrada por Rutas de Lima. Una administración concedida y apañada por dos administraciones municipales sucesivas que hoy pretenden eximirse de responsabilidades con supuestas racionalidades que ningún ser racional puede aceptar.

Coincidentemente, ese mismo día y en este mismo espacio publicamos un artículo titulado “La concesión de una estafa”, en el que denunciábamos precisamente lo ilegal e ilegítimo no solo del peaje, sino de la concesión toda. Vale la pena aclarar que ese artículo fue redactado antes de los sucesos de violencia que previsiblemente iban a ocurrir. Fue redactado por alguien —el suscrito— que hace uso de esa vía por más de cuarenta años, que conoce el antes y el después, y que sabe leer la rabia de la gente.

El Defensor del Pueblo no ha hecho sino subrayar algo que era evidente: la inconstitucionalidad de la concesión por no existir vía alterna. Resulta deplorable y hasta una provocación que voceros de la empresa administradora digan que la avenida Gambetta —que va al Callao— es la famosa vía alterna exigida por la Constitución. Más deplorable —y aun sospechoso— es que periodistas (que supuestamente conocen Lima y están bien informados) hayan convalidado la existencia de esta vía alterna inexistente.

Pero en nuestro artículo del jueves pasado decíamos también que esta concesión constituía una estafa porque si antes viajar de Ancón al Puente Primavera tomaba una hora y veinte o una hora y media como máximo, hoy —con suerte— ese tramo significa dos horas o más. En ninguna parte del mundo se paga peaje para demorarse más. Y esa demora es atribuible a una obra mal trazada y que no considera los cuellos de botella no solucionados.

Ahora resulta que autoridades del gobierno y mucho del periodismo que afirmaba la existencia de una vía alterna, hablan de que los indignados ciudadanos que protestan son vándalos y que la protesta se trata de vandalismo. No se puede negar la existencia de personas que se aprovechan de estas situaciones de tensión con fines políticos o simplemente delincuenciales, sin embargo lo anterior no niega la legitimidad de la protesta. Y si de vandalismo se habla, sería bueno que autoridades y periodistas revisen la acepción que tiene esta palabra en el Diccionario de la Lengua Española, publicado por la Real Academia de la Lengua Española: “Vandalismo… Espíritu de destrucción que no respeta cosa alguna, sagrada ni profana”.

Todos sabemos que la violencia genera violencia. Y esto es muy triste. ¿Pero acaso esta acepción del término vandalismo no es aplicable a quienes al firmar los contratos no respetaron la Constitución, el derecho de libre tránsito de los ciudadanos y el sentido por el cual se paga un peaje, que no es otro que la fluidez del tránsito?

Cuando un contrato tiene vicios, se renegocia. Cuando una obra destinada a facilitar la transitabilidad está mal hecha, se arregla. Solo así restituiremos la legalidad, la legitimidad social, y evitaremos vandalismos de uno y otro lado.