Darío Enríquez

Darío Enríquez

Los subsidios estatales en el periodismo deben terminar

Distorsionan el mercado y las relaciones sociales

Los subsidios estatales en el periodismo deben terminar
Darío Enríquez
22 de noviembre del 2017

Las reformas de los noventa y los conceptos dominantes —desde entonces— de competencia, mercado libre e iniciativas empresariales son la base ideológica (en el mejor de los sentidos) del proceso virtuoso que ha llevado el Perú a cotas de bienestar inéditas y al periodo de prosperidad más difundido y sólido de nuestra historia. Pese al retroceso que ha significado muchas medidas que devolvían a la sociedad civil la iniciativa empresarial (léase exceso de regulación monetaria o proyectos estatólatras como la refinería de Talara, entre otros) en los últimos veinte años (se incluye los últimos tres de Fujimori y la impronta keynesiana de Joy-Way), la fortaleza de las reformas han mantenido a flote la nave del crecimiento económico del Perú. Empezamos a sentir los primeros estragos del incesante torpedear del modelo desde el keynesianismo y la necedad de la izquierda, pero aún estamos a tiempo de resolver esos problemas y retomar el ritmo de crecimiento necesario para iniciar el proceso de desarrollo económico, social y político sostenible.

La crisis del modelo socialista “de creación heroica” que impuso con fusiles y tanques la “revolución” de la dictadura militar desde 1968, que se llevó a una falsa legalización con la amañada constitución de 1979, y que ni Belaunde ni García fueron capaces de resolver en los ochenta, nos enseñó a todos que los subsidios terminaban siendo nefastos y producían resultados totalmente opuestos a sus “edificantes” propósitos: carestía, escasez, fraude, hambre, colas, desempleo, conflicto social. La solución que los principios del libre mercado dieron a la crisis fueron el sustento del “milagro” peruano. Un aprendizaje social que ha echado raíces en la sociedad peruana y solo protoélites alejadas de la realidad cotidiana se empeñan en negar desde una izquierda cada vez más anacrónica y necia. Por ello esa izquierda ya no tiene raigambre popular.

Sin embargo el intervencionismo estatista se ha mantenido vigoroso y creciente, sosteniendo artificialmente la actividad de la industria periodística. En Perú la gran reducción de lectoría, audiencia y visionado por efecto de la difusión de las tecnologías de la información, telecomunicaciones e Internet, se ha sentido mucho menos porque, en forma sistemática, sucesivos gobiernos entre 2000 y 2017 han subsidiado los medios de prensa escrita, radiales y televisados con publicidad innecesaria, alimentando dudosos fines políticos a favor del Gobierno, aunque con evidente impacto a favor de la economía de las empresas periodísticas privadas.

Llegó el momento de sincerar la industria periodística. Que continúen las que sean capaces de sostenerse con su propia actividad y no con subsidios estatales. ¿Por qué la industria periodística debe tener privilegios? Estos subsidios han alcanzado niveles elevadísimos en el gobierno de Ollanta Humala y Nadine Heredia, continuando estos niveles con Pedro Pablo Kuczynski. Es lógico presumir que si un medio depende cada vez más de un gran anunciante —en este caso el Gobierno— resulta difícil que sea objetivo en las noticias que involucran a quienes toman decisiones en ese gran anunciante. Esos subsidios, cada vez más importantes en las finanzas de las empresas periodísticas, son un elemento distorsionador y lesivo a la libertad de prensa, además de afectar gravemente las relaciones sociales. Su eliminación o minimización, bajo estricto control, es fundamental para que nuestra precaria democracia mejore y ese dinero tenga otro destino, a favor de infraestructura y servicios sociales. Según calculan los expertos, con el dinero de la publicidad estatal cada año podrían hacerse 1,000 km de autopista, construirse 15,000 escuelas o atender agua potable para dos millones de personas que no cuentan con tan elemental servicio.

La sospecha de corrupción en las líneas editoriales de los medios de comunicación es elevada. Según sondeos realizados en Internet —aunque no tengan el rigor de encuestas formales— al menos el 90% de los ciudadanos estamos de acuerdo con que la publicidad gubernamental en medios debe regularse hacia abajo. Es un tema de sentido común. Debemos partir de cero. Al origen, esta publicidad estatal en medios de comunicación privados debe ser nula; y para que se haga efectiva, se debe demostrar que procede hacerlo. La carga del sustento está en quienes solicitan que esta publicidad se dé, se mantenga e incluso se incremente. El Estado cuenta con medios televisivos, radiales y escritos de gran cobertura para difundir la información que los ciudadanos requerimos.

En adición, tanto para radio como para televisión, el Estado es administrador del espectro radioeléctrico propiedad de los ciudadanos del Perú. Por lo tanto, cuando se entrega para su explotación legal y legítima por los medios, puede disponerse entre diez y veinte minutos diarios de su uso por parte del Estado. Eso sería más que suficiente, por ejemplo, para efectuar campañas de difusión, como las de vacunación masiva o prevención de enfermedades epidémicas en casos extremos. Pero no hay ninguna necesidad de “autobombos” o propaganda política a favor de un ministro que alimenta sus aspiraciones personales con dinero ajeno, el nuestro. Nuestro Canal 7 es el de mayor alcance nacional, nuestra Radio Nacional también tiene gran cobertura, al igual que el diario El Peruano. Estos medios estatales pueden comunicar lo cotidiano para quien necesite esa información. Desde la razón, bajo cualquier tamiz de elemental lógica, tanto con sustento financiero, tecnológico como político, no hay forma de defender la posición de los Medios que piden que se mantengan los subsidios privilegiados a su favor.

Darío Enríquez
22 de noviembre del 2017

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