Los retos del moqueguano

 

Hace pocos meses, cuando resultó elegido presidente Pedro Pablo Kuczynski, nos encontrábamos en medio de la encrucijada y la decepción. Sobre lo primero podemos recordar cómo los escándalos de corrupción burocrática (asociados al caso Lava Jato y afines) tocaban las puertas de Palacio de Gobierno —con fundamentos cada vez mayores— mientras el presidente de la República y su entorno hacían todo lo posible por mantenerse en sus puestos. El costo —en términos de retrocesos e incertidumbre de política económica— era cada día más difícil de esconder.

Pero por encima de la aludida encrucijada, estaba la decepción. La decepción de quienes confiaron en la imagen del presidente (como un tecnócrata impoluto) y de quienes esperamos un Gobierno más lúcido y ambicioso. PPK lideró por casi dos años la continuación del estilo humalista —mantuvo la mayoría de sus errores— decepcionando a todos los que por algunos meses esperaron un significativo cambio de timón. Podríamos decir que si alguien esperó alguna medida trascendente (para bien) en términos de manejo económico, o acaso un nivel de ortodoxia o austeridad fiscal respetable, sigue aún esperándola.

Por todo esto, su sucesor por el cauce constitucional —su compañero de plancha, ministro de Transportes y Comunicaciones y embajador en Ottawa— recibió todos los parabienes del caso. Externamente se vio muy bien. Es bueno que las instituciones de una plaza ordenen sus accidentes políticos de acuerdo al cauce constitucional. Internamente, a pesar del vínculo directo, se abrazó a Vizcarra, dándole el beneficio de la duda. Algunos por elemental cultura política, otros por interés diverso. Me explico: parte de sus opositores estaban muy desgastados por el largo proceso de vacancia, mientras que su oposición más contestataria apostaba a ganar peso político si precipitaban la caída del nada incómodo PPK.

Ahora bien, nótese que para el común de los ciudadanos el beneficio de la duda se otorgó en aras a que no se repitan los errores políticos y de manejo humalista (las trabas superpuestas a los negocios e inversiones, la inflación de la regulación estatal, los megaproyectos oscuros y la ausencia de reformas institucionales) Este es justamente el elemento central del reto del moqueguano Martín Vizcarra. En otras palabras que —por buenas intenciones o por la búsqueda desesperada de consensos— no resulte dibujando solo una extensión política y penosa de sus dos predecesores. Que no caiga en la autocomplacencia torpe. Puntualmente me refiero a eso de que ceda siempre —política o económicamente— en aras a llegar al 28 de julio del 2021. E incluso, lo que resultaría mucho peor, que se atreva a cometer nuevos —y populares— errores de política con tal de llegar, contentando a tirios y troyanos, a la fecha del cambio de mando.

Esta visión, en acciones concretas, implica los siguientes cambios:

1.- Transitar hacia un superávit fiscal del Gobierno central de 2% del PBI, a través de un ordenado y certero programa de austeridad fiscal, enfocado en la reducción inmediata del gasto corriente. Se debe descartar el camino fácil de elevar la presión tributaria sobre la minería formal e incrementar la ya limítrofe deuda pública. Esta medida no es recesiva, dado que libera recursos para la recuperación de la inversión privada; y también que la supuesta conexión entre el mayor gasto público y la reactivación de la actividad económica implica creencias, no hechos.

2.- Aplicar un régimen estricto de asignación de presupuestos por resultados para el 80% del Presupuesto General de la República: gobiernos central, locales y regionales.

3.- Es menester facilitar (léase: cerrar) un agresivo programa de seguimiento de inversiones privadas, desmontando toda regulación o traba innecesaria. Proyecto por proyecto.

4.- Identificar aceleradamente canales de desmantelamiento o postergación de obras públicas carentes de fundamento económico serio. Me refiero a la refinería de Talara y otras obras a nivel nacional.

5.- El cambio final, a pesar de no ser la prescripción menos importante: iniciar de inmediato un proceso gradual y ordenado de la oferta de nuevos servidores públicos en los ámbitos policial, judicial y de la Fiscalía. Esto en aras de optimizar la oferta de servicios públicos en los ámbitos de seguridad ciudadana, orden público y respeto a los derechos de propiedad. Sin este plano, las acciones anteriores, tendrían efectos significativamente menores.

Por supuesto que la tarea de enfrentar estos retos con estas acciones requiere de un liderazgo muy diferente al de sus predecesores inmediatos en la presidencia de la República. Es también igualmente cierto que este accionar despertará reacciones de sectores “lacra” (acostumbrados a florecer del retroceso del país), intereses mercantilistas y visiones socialistas.

El problema del presidente Vizcarra es pues uno muy concreto. Cierra los ojos y configura otro término de la ecuación del fracaso (OH=PPK), o descubre que la libertad económica (el índice la libertad económica de un país) se asocia consistente y globalmente a ámbitos mayores: crecimiento económico, igualdad, desarrollo humano, progreso, acumulación de capital, desarrollo humano y hasta felicidad.

No es el camino fácil. Es solo el tedioso y esforzado camino del éxito, del cual nuestro país se ha distanciado consistentemente desde los días de la presidencia del prófugo de Palo Alto (California). Y recuérdelo, presidente: los moqueguanos no flotan nomás, nadan para adelante.