Los Poderes y el pueblo

Urge reconectar a la población con su Poder Judicial

En la raíz del concepto de democracia, hay tres pilares fundamentales: La separación de poderes, la elección popular y el respeto a la ley.

La separación de los tres poderes (Ejecutivo, Judicial y Electoral) aproxima el actor del Estado a un mejor balance de las necesidades y los intereses, que naturalmente subyacen a los hechos políticos de la democrcia. La elección popular busca poner al espacio público en sintonía el deseo de la mayoría con el rumbo del país. La Ley, en los distintos niveles de la pirámide de Kelsen, cuando es respetada irrestrictamente (no de modo referencial como acostumbramos por estos lares) otorga el imprescindible marco de acción para los citados tres poderes.

Hago un paréntesis para recalcar que los poderes son tres y no cuatro, como creen erróneamente algunos colegas de la prensa.

Con imperfecciones que se han hecho evidentes en los últimos 20 años (necesidad del 50% más uno, distrito único, cifra repartidora, voto preferencial, alianzas volátiles, ausencia de coherencia nacional) el Presidente y los Congresistas son elegidos por el voto popular.

La forma de elección de los jueces implica siempre el problema más difícil de resolver cuando se elabora el capitulo correspondiente de una Constitución. Siempre aparece como natural preocupación del constituyente, determinar cómo elegir los mejores para que sean jueces y cómo garantizar un alto nivel de imparcialidad. Los constituyentes de 1979 y 1992 creyeron haber resuelto el problema, pero el escaso  nivel de confianza (no hablemos de afecto) de la población hacia sus jueces, el desconocimiento que muchos de estos exhiben de los aspectos de la realidad sobre la que deben sentenciar y el evidente sesgo ideológico de no pocos vocales, a contra corriente del sentir y la meta de las grandes mayorías, obliga, por lo menos, a estudiar dónde está la falla y que debemos corregir para que de una buena vez las cosas funcionen.

La seguridad jurídica de un país reposa en gran medida sobre la predictibilidad de la lógica judicial y la velocidad con que la justicia es impartida, algo que sigue siendo tan irreal como en mis años mozos de abogado litigante.

El tratamiento judicial de los casos más sonados de corrupción que llenan las portadas recientes llevan a por lo menos levantar la ceja con preocupación.

Lo ideal es por supuesto, que el propio Poder Judicial proponga los cambios necesarios para reformar el mecanismo judicial peruano, pero como ha sucedido en el pasado con el Poder Legislativo, es bastante difícil que un grupo humano con poder se proponga cambiar las reglas, usos, costumbres aprendidas. Me temo que, si alguna vez se juntan en cantidad suficiente los cojones y las neuronas para emprender ese necesario cambio, tendrá que suceder mediante dos legislaturas consecutivas.

Urge reconectar a la población con su judicatura y con los otros dos poderes, pero es hora de impulsar un debate de fondo, es asunto impostergable.