Los maestros y la desigualdad salarial

Se debe poner en vigencia la Ley Marco del Empleo Público

Uno de los factores que indignan a los ciudadanos, y particularmente a los trabajadores estatales, es el desorden y la desigualdad de los salarios en las diferentes entidades del Estado. De hecho, es la causa de la solidaridad de la ciudadanía con la huelga magisterial, más allá de los propósitos de las diferentes facciones del SUTEP. Pero, ¿de quién es la responsabilidad que este problema se haya venido agravando en cada mandato presidencial? En realidad es una responsabilidad compartida entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y los diferentes actores que participan en el Consejo Nacional del Trabajo.

El mal ejemplo empieza desde el propio Congreso, que ha impuesto que sus trabajadores estén exonerados de cualquier tope salarial, con lo cual se convierten en los primeros del ranking de trabajadores estatales privilegiados. Es el mismo Congreso el que ha aprobado leyes para que determinadas entidades —como el BCR, SUNAT, SBS, CGR y el propio Congreso— no se rijan por la Ley Servir. Recientemente, contra todo criterio técnico y por puro interés populista, se aprobó que los trabajadores CAS de EsSalud pasen automáticamente al régimen privado del Decreto Legislativo N° 728. La pregunta es, ¿por qué ese sector puede tener ese privilegio y no otros del Estado que trabajan en el sistema CAS? Ese pésimo precedente seguirá agudizando el desorden y la desigualdad salarial en el Estado.

El Poder Ejecutivo, durante los sucesivos gobiernos, tiene su cuota de responsabilidad por no tomar la iniciativa de enviar un paquete legislativo al Congreso para ordenar los salarios en el Estado. Y en el propio Consejo Nacional de Trabajo cada vez que se intentó tratar el tema pronto asomó en entrampamiento.

El último intento de afrontar este despelote fue el año 2004, cuando el Congreso aprobó la Ley Marco del Empleo Público (Ley No 28175). Esa norma dio un plazo de 120 días al Poder Ejecutivo para enviar al Congreso cinco proyectos de ley que ordenaran la carrera pública: Ley de la Carrera del Servidor Público, Ley de los Funcionarios Públicos y Empleados de Confianza; Ley del Sistema de Remuneraciones del Empleo Público, Ley de Gestión del Empleo Público y Ley de Incompatibilidades y Responsabilidades. El Poder Ejecutivo cumplió con enviar los cinco proyectos de ley, pero el Congreso no cumplió con culminar ese intento; especialmente nunca se atrevió a abordar el sistema de remuneraciones del Estado.

El Perú tiene cerca de 32 modalidades salariales en el Estado, en entidades que funcionan como un enorme archipiélago, con privilegios y precariedades de diverso tipo, pero ni el Congreso ni el Ejecutivo se atreven a afrontar el problema de manera sistémica. El ciudadano entonces se pregunta, ¿Por qué un congresista que trabaja menos que un maestro puede ganar hasta veinte veces más que aquel encargado de la formación de nuestros hijos? ¿Por qué un policía tiene que ganar el doble que un maestro de formación universitaria o que una secretaria de un ministerio gane más que un gerente municipal?

Pretender construir en el sistema educativo una pirámide meritocrática en la que en el primer piso el salario de los docentes y contratados es menor a S/ 2,000 hace precario cualquier intento de sostener ese sistema. Es como pretender construir un edificio de ladrillos, pero con una base de adobe. Es precisamente ese sector y los 160,000 maestros contratados el sector en el que la prédica extremista se ha basado para ir extendiendo el actual conflicto magisterial hacia otros sectores de la pirámide.

En el Estado existen funcionarios que ganan hasta S/ 41,000 mensuales y otros que no llegan ni a los S/ 1,500. Lo peor de ello es que los altos sueldos muchas veces no tienen a la base un régimen meritocrático, sino que solo responden a favores e influencias propias de nuestro Estado patrimonialista. Todo esto se convierte en un caldo de cultivo para la justa protesta o para la demagogia extremista. Y como los parlamentarios, asesores y auxiliares están inmersos en un sistema remunerativo de privilegio, no sienten en carne propia la necesidad de una reforma en este ámbito.

Alguna vez, el ex presidente Alan García prometió que de llegar a su segundo Gobierno obligaría a que los parlamentarios y los funcionarios de los ministerios, modifiquen su ubicación del régimen de salud privada hacia el de EsSalud, para obligarlos a que se sensibilicen y sientan en carne propia la necesidad de cambiar este sistema de privilegios. Pero cuando llegó al Gobierno, no movió ni un dedo para cumplir esa promesa.

Y es sintomático que fujimoristas, apristas, acciopopulistas, pepekausas e izquierdistas no hayan hecho de este tema un motivo de propuesta legislativa y de campaña política, que bien les podría dar altos réditos políticos. Viven en su burbuja de privilegios, por lo que sectores extremistas vienen construyendo un discurso que empieza a tener eco. Después que no se quejen.

Neptalí Carpio

Fotografía: Cusco en portada