Los funcionarios del Estado y la gestión pública

Se requiere la capacitación de los recursos humanos del Estado

Los problemas del contralor, de la Contraloría, la investigación Lava Jato, los problemas con el Aeropuerto de Chinchero y otros han llevado casi a una parálisis de la gestión pública. Se ha puesto en evidencia la dificultad para la toma de decisiones de los funcionarios públicos; decisiones de las que depende en gran parte el avance del Estado para el logro de sus fines. En especial, el cierre de la brecha de infraestructura pública.

La sola designación de un nuevo contralor y la reforma de la Contraloría no hará que automáticamente se pierda el temor de los funcionarios y se retome la dinámica en la toma de decisiones que el Estado requiere con urgencia. Esto nos pone ante el reto de recuperar esta capacidad de los funcionarios y que retorne nuevamente la confianza, e incluso a que el Estado vuelva a ser atractivo para personal calificado que se encuentra fuera de su aparato, lo cual se ha perdido totalmente.

Pero, ¿en dónde radica el quiebre de la pérdida de confianza en la toma de decisiones? No se puede perder de vista, aun cuando se considere el carácter instrumental de la administración y la gestión pública para los fines del Estado, que los funcionarios no aplican las normas jurídicas, el marco legal en general, ni las directivas internas de cada entidad de forma mecánica. Las normas no están previstas para casos concretos, son de carácter general. Esto deriva en que su aplicación para cada situación específica, por parte del funcionario, requiere de un buen grado de discrecionalidad, y que a su vez conllevan al cumplimiento de los objetivos de la gestión encomendada.

Pero este ejercicio de la discrecionalidad debe realizarse con el mayor apego y sujeción al ordenamiento legal, lo que Jorge Malem denomina “obediencia reflexiva de la leyes”. Este espacio de discrecionalidad ha derivado en inconveniente para la toma de decisiones, en la medida que ha sido puesto en entredicho por los órganos de control, posiblemente en muchos casos con fundamento y en otros muchos sin sustento. Esta situación debe, con la misma atención que se brinda a la reforma de la Contraloría y la reforma del sistema de asociaciones público privado, ser puesto en la agenda de las reformas por las diversos estamentos del Estado para recuperar la confianza de los funcionarios, Como consecuencia, se permitiría que el Estado tome la dinámica que se requiere para superar los grandes problemas que debemos resolver —como la reducción de la pobreza, la informalidad, el cierre de la brecha de infraestructura, la dotación de servicios básicos (salud-educación)—, dado que la mayoría de sus soluciones pasan por la creatividad y especialmente las decisiones de los funcionarios públicos.

Se requiere trabajar con los funcionarios públicos algunos aspectos centrales relacionados con la toma de decisiones. En especial, que estas decisiones cuenten con el soporte y respaldo necesarios para enfrentar y ser discutidas públicamente, puesto que el actuar del funcionario público tiene respaldo en la capacidad coactiva del Estado y, por lo tanto, las decisiones que adopte requieren legitimarse ante la sociedad. En esa misma línea de reforma, se requiere enfrentar la capacitación de los recursos humanos del Estado para poder contar con funcionarios que respondan a la exigencia planteada.

Como reflexión final, precisar que el Estado requiere de funcionarios que tomen decisiones arregladas a ley. El país requiere de su concurso para superar los graves problemas que nos aquejan.
 

Úrsula Letona