LOS DEBERES CIUDADANOS

Cumpliendo con ellos afianzamos nuestro débil sistema democrático

Los peruanos estamos acostumbrados a exigir la construcción de grandes obras públicas, así como mejoras en los servicios que recibimos, pero no entendemos que todo ello tiene un costo que alguien tiene que pagar. Es importante entender que para que el Estado cumpla con las exigencias ciudadanas primero debe recaudar los tributos que todos, sin excepción, tenemos la obligación de pagar.

Resulta normal reclamar carreteras, pistas y veredas que mejoren la calidad de vida de las poblaciones, porque la economía requiere de esas obras de infraestructura y de la implementación de puertos y aeropuertos para asegurar que nuestra producción llegue a su destino en forma oportuna. También son indispensables los servicios de agua y desagüe, hospitales, postas médicas y colegios, así como la mejora de servicios como el serenazgo, limpieza pública, parques y jardines, etc., pero no pensamos ni un instante que todo esto tiene que costarle a la ciudad.

Lamentablemente la morosidad y la política del “perro muerto”, se deben a que no se cuenta con la conciencia cívica suficiente para entender que todo derecho genera una obligación, que es la que en la actualidad vienen exigiendo las diferentes autoridades a la ciudadanía, para cumplir con sus objetivos. Pagar puntualmente los impuestos y arbitrios es un deber ciudadano que hay que cumplir si realmente deseamos tener mejor calidad de vida, erradicando para siempre la mala costumbre de esperar que las autoridades hagan todo sin que nosotros cumplamos con nuestras obligaciones económicas.

Ante esta situación, así como por el limitado presupuesto asignado por el Estado a las entidades públicas para la ejecución de obras, las autoridades se ven obligadas a recurrir a la inversión privada para ejecutar los diferentes proyectos de inversión en obras de infraestructura y de comunicación. Es el caso de las APP; es decir, asociaciones público privadas que se han venido implementando con éxito en diferentes ciudades del país. Esto demuestra que el sistema no es malo, sino que —en algunos casos— funcionarios y autoridades corruptas han buscado sacar la vuelta al sistema para lucrar a costa de sus ciudades, como ha ocurrido con el caso Odebrecht.

Recordemos las dos marchas ciudadanas realizadas recientemente en protesta por la arbitraria implementación de un peaje en el distrito de Puente Piedra, debido a fallas e inconsistencias del contrato con el operador, que llevaron al alcalde Castañeda Lossio a anunciar que el peaje ya no iba. Ello lo obliga a renegociar parte de dicho contrato, que esperamos no sea lesivo a los intereses ni a la economía de la ciudadanía.

Nos preocupa también, la aparición de movimientos subversivos de fachada y de políticos como Gregorio Santos, actual gobernador de Cajamarca y líder antiminero; así como los remanentes de Sendero Luminoso, como la Coordinadora Juvenil Popular, que forma parte del MOVADEF, y el Frente de Unidad y Defensa del Pueblo Peruano (FUDEPP), que estuvieron azuzando a la población para crear el caos y la violencia social, dando lugar a más de sesenta detenciones por actos de violencia.

Por ello es fundamental afianzar nuestro débil sistema democrático, comprometiéndonos a cumplir con los deberes ciudadanos que nos impone la ley. Solo así podremos exigir, recordando que los derechos de uno terminan donde se inician los derechos de los demás; solo así, respetándonos, podremos tener un sistema político justo y sostenible para que el Perú llegue a la celebración de su bicentenario como un país progresista, seguro y unido, bajo principios y normas éticas que consoliden nuestra democracia.

Por Carlos Arnillas