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Los conflictos escondidos

Columna

Los conflictos escondidos

8 de Noviembre del 2016

Mineros informales, cafetaleros en crisis, regiones controladas por el narcotráfico

En el país existen conflictos sociales que el gobierno, los medios de comunicación y los partidos políticos no quieren ver. Persisten ninguneados, escondidos y siempre pospuestos porque afectan intereses económicos que nadie quiere enfrentar. El gobierno no tiene el coraje ni la determinación política para resolverlos, por eso invariablemente se recurre al diálogo improductivo y a la firma de actas que postergan los problemas; o se lanzan campañas mediáticas millonarias que promueven otros “conflictos” que absorban la atención pública, para ocultar los que no quieren resolver. Por eso, los congresistas están peleando por sus cupos en la burocracia dorada del BCR.

Por otro lado, los políticos no ven a los diez millones de peruanos que no tienen agua ni desagüe, tampoco al medio millón de mineros informales abandonados por el Estado en la puna; menos al millón de cafetaleros que amenazan nuevamente con movilizarse por la incompetencia del ministro de Agricultura. Por ejemplo, La Convención —la provincia del gas de Camisea— atraviesa por una grave recesión económica por el recorte presupuestal en los municipios. Increíblemente no tienen un hospital, y los 14 distritos de La Convención carecen de agua y desagüe; la caficultura está en crisis, y las plagas de la mosca y la roya ha diezmado la agricultura en la región. Asimismo, los conflictos mineros en todo el Perú están disimulados porque son una amenaza para el crecimiento económico. Tampoco olvidemos que existen regiones controladas por el narcotráfico. Por ejemplo, el VRAEM o la Rinconada, en Puno.

Por cierto, tuvo que ocurrir un pavoroso incendio que acabara con más de dos mil precarias viviendas, que eran también talleres de trabajo de la comunidad de los shipibo-Conibo, para que los políticos asuman demagógicamente la causa de estos migrantes marginales, que parecen extranjeros en su país. A todo esto, la Sra. Villarán y el alcalde Castañeda se acusan mutuamente de corrupción, de estafar a esa comunidad, reflejando la inmadurez de la clase política nacional.

Más aún. Para los congresistas, los medios de comunicación limeños y el gobierno no existen los 56 pueblos nativos de Saramurillo y Saramuro, las cinco federaciones nativas de Loreto que bloquean el río Marañón aproximadamente hace 70 días, impidiendo el tránsito, y que además quieren extender su protesta a toda la Amazonia. Por cierto, los nativos siempre serán presentados en la prensa limeña como radicales antisistema que no quieren que el Perú ingrese a la OCDE, como propone el gobierno.

Para colmo, crece en la población la sensación de inseguridad. Las últimas encuestas señalan que los peruanos están de acuerdo con el surgimiento de escuadrones de la muerte que asesinen a los delincuentes. Mientras tanto, el país solo ve las cantinfladas del gobierno, que promulga la ley de la muerte civil para los corruptos y días después propone como funcionario público a un sentenciado por corrupción del régimen fujimorista.

Finalmente, es un secreto a voces la corrupción abrumadora en los gobiernos regionales y locales; pero nadie la ve, la encubren con su frívola indolencia. Por eso, en las próximas elecciones regionales y locales el crimen organizado participará financiando movimientos regionales, lo que convertirá la política en un vil negociado. En el Perú, el optimismo desbordante de las burbujas empresariales limeñas y la ceguera de la tecnocracia liberal gobernante no entiende que gobernar no es mandar, no se da cuenta de que el descontento y la rabia soterrada del pueblo lamentablemente nos llevará al abismo del fascismo.

 

Tino Santander Joo