Llegó la hora del cambio de magistrados

La Comisión de Constitución del Congreso ha iniciado la revisión de las iniciativas del Ejecutivo para reformar el sistema judicial, restablecer la bicameralidad y transparentar el financiamiento electoral, con la finalidad de atenuar la actual crisis que viene afectando al sistema de administración de justicia, incluyendo al Ministerio Público, así como al propio Poder Legislativo.

Sin embargo, y a pesar de que la reforma del sistema de justicia hoy es prioridad para modificar las normas y requisitos que permitan el nombramiento de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, la agenda de la última sesión del Congreso tuvo como primer punto la bicameralidad. Un debate importante, pero no prioritario, considerando la avalancha de audios de casos de corrupción que involucran a jueces y fiscales supremos, superiores y provinciales a lo largo y ancho del país.

La indignación popular —que alcanza a más del 90% de encuestados— exige un cambio radical en toda la Magistratura, por los audios que comprueban la podredumbre del actual sistema de justicia, infestado por el intercambio de favores, asociación ilícita para delinquir, cobro de coimas, etc. Los protagonista de esos audios son malos jueces y fiscales, precisamente aquellos que deberían garantizar la Justicia en el país.

Algo a considerar es la revisión del actual mecanismo de elección del fiscal de la Nación, realizada entre cinco fiscales supremos, que permite una sucesión amañada. Esto ha dado lugar a que los últimos fiscales de la Nación hayan sido sometidos a procesos judiciales o disciplinarios por su dudosa gestión; tal como sucedió con Carlos Ramos Heredia y José Peláez Bardales, ambos vinculados a César Álvarez, cuestionado ex gobernador de Áncash, preso en Piedras Gordas. Tampoco olvidemos a Blanca Nélida Colán, operadora de Vladimiro Montesinos; ni a Miguel Aljovín, fallecido en la clandestinidad.

El ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez y su sucesor, Pedro Chávarry, no son ajenos a las denuncias. Al primero se le acusa de haber favorecido a uno de sus hijos con un puesto en el JNE, del encubrimiento al ex presidente Ollanta Humala (en el caso Madre Mía), así como por la demora del proceso Lava Jato, que lleva más de dos años sin resultado alguno.

A Pedro Chávarry, actual fiscal de la Nación, se le acusa de haber intercambiado favores con el fiscal supremo Tomás Gálvez, incurso en el delito de falsedad pública —empleó facturas trucadas por un valor de S/ 23,000—, por plagiar su tesis y por la dudosa ratificación que le hizo el recientemente disuelto Consejo Nacional de la Magistratura, aparte de sus controvertidos audios con el ex vocal supremo César Hinostroza. Como si todo eso fuera insuficiente, cuenta con el 94% de rechazo de la población.

El panorama en la otra orilla del sistema de administración de justicia, tampoco es halagüeño. Los vocales supremos César San Martín, César Hinostroza, Ángel Romero y el propio ex presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, están siendo cuestionados por diferentes delitos e inconductas funcionales, que dejan a este poder del Estado en situación de emergencia. César San Martín, solicitó favores, para su hermana, al corrupto ex presidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos, y favoreció con su fallo a Ollanta Humala en un delito de lesa humanidad, cuando San Martín presidía la sala penal que vio su caso.

Angel Romero, pidió consejos “académicos” a César Hinostroza sobre lavado de activos para favorecer a un amigo. Walde Jáuregui, el vocal que maltrató públicamente a un policía, también tiene una esposa beneficiada con un puesto en el JNE, como otros vocales supremos que son investigados por nepotismo. Ante esta difícil coyuntura, todos los vocales de la Corte Suprema ratificados por el cuestionado Consejo Nacional de la Magistratura debieran dar un paso al costado, con el fin de mejorar la imagen de los jueces en el Perú. Los casos de corrupción denunciados obligan a una revisión de fallos recientes, así como de dudosos nombramientos y traslados arbitrarios de jueces y fiscales de provincias hacia la capital.

Por todo ello, el Congreso de la República tiene que tomar medidas urgentes, encaminadas a mejorar la imagen del sistema de justicia en el país. Ojalá el nuevo presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, quien ha dado muestras de cambios positivos en relación a su antecesor, interprete la voluntad popular e impulse una verdadera reforma judicial que permita la selección de jueces y fiscales probos, con una gran experiencia profesional. Una selección en la que prime la ética y la moral para reemplazar a los que deben irse.