Llegó la hora de la verdad

La inseguridad ciudadana es el primer problema a resolver

Más allá de algunas declaraciones poco afortunadas y una valoración excesiva de gestos (o la ausencia de estos) y expresiones, propia de esa herencia virreinal que aún no deja nuestra cultura, ya pasó la fiesta y el nuevo gobierno está en funciones. Las características de nuestra patria hacen de la presidencia del Perú un oficio desgastante, imposible de gestionar con éxito desde un vida sosegada, con espacios privados y tiempo regular a diario para el hobby y el deporte.

Incluso un mínimo gestos o comentario irrelevante del presidente es públicos y se puede pasar muy rápido de la condescendiente celebración mediática de la ocurrencia a la feroz e implacable crítica. Y resulta imposible escapar de esta realidad, aun contando con un magnífico premier y algunos ministros capaces de generar expectativas por su capacidad, experiencia y pergaminos.

El problema de más urgente solución es la creciente y cada vez más violenta inseguridad ciudadana. Va a ser necesario pensar y actuar con rapidez para que en un plazo de seis meses se pueda obtener resultados significativos. Ese fue el breve plazo autoimpuesto en el fragor de la campaña, que podría acabar pasando factura con intereses usureros, arrollando prematuramente alguna gestión ministerial antes de que termine de desplegarse.

La primera gestión imprescindible es el rápido sinceramente de cifras, visiblemente lejanas de la realidad. De lo contrario, cualquier mejora que se alcance pasará desapercibida o será leída como un retroceso. La población debe ser informada pronto acerca de la real situación. Es necesario además, dar un mensaje claro, que desinfle esas expectativas virginales que rebotan con pasmosa ingenuidad en las redes. Se puede hacer “publicherry” con cada banda que se desactive o cada cabecilla que sea detenido, pero el efecto de esta pequeña victoria se extinguirá con la primera noticia de un asalto a mano armada, homicidio u otro delito que impacte a la población. ¡No existen recetas mágicas que den resultados inmediatos!

En el largo plazo, la solución requiere de una imprescindible mejora en la educación y la formación de valores. Pero incluso realizando con eficacia tan importante cambio, es necesario empezar a atacar pronto las raíces y el abono del crecimiento delictivo. Para ello, contrariamente a la creencia popular, no se requieren grandes innovaciones legales en materia penal. Leyes y penas abundan, lo que falla es la capacidad de las organizaciones del Estado encargadas de cumplirlas, y la de las personas que las integran. Lo que más falta hace no son leyes punitivas ni delegación de facultades, sino un sistema policial-judicial-penal eficiente. Los ministros de Interior y Justicia deberán priorizar el trabajo con las instituciones, las personas que las integran y su preparación, equipamiento, control e interacción.

La PNP y el INPE son los dos extremos del aparato en el que el Ejecutivo puede actuar con mayor rapidez, seguidos por el Ministerio Público y (al final no por menos importante, sino por depender del diálogo con un poder independiente) el Poder Judicial. Quizá sean necesarias algunas normas acerca del CNM, el TC y el PJ, sobre las que no debería existir mayor complicación para que el Congreso las promulgue; pero el trabajo más fuerte no es legal, es de dirección.

Solo se podrán alcanzar éxitos significativos en esta lucha si se logra quebrar el espinazo de la cadena corrupción-impunidad-delito.