Llegó la hora de enfrentar la inseguridad

 

El anuncio de la aplicación progresiva del nuevo Código Procesal Penal en el Perú —a partir del 2004— generó mucha expectativa en la población. Con bombos y platillos se precisó que iban a agilizarse los engorrosos juicios, dando sanciones más expeditivas contra la delincuencia común, otorgando a los fiscales mayor poder y las herramientas legales suficientes para sustentar una acusación penal, en base a los informes policiales.

Han transcurrido más de catorce años y la delincuencia —lejos de disminuir— ha ido creciendo peligrosamente, reinventándose y convirtiendo a las bandas de ayer en peligrosas organizaciones criminales, que hoy cuentan con apoyo logístico en la Policía Nacional, el Poder Judicial e incluso en las malas autoridades locales y regionales.

Los secuestros, la usurpación de la propiedad privada —por la invasión de terrenos o la apropiación ilícita de inmuebles no saneados— junto a las extorsiones, el robo agravado, asesinatos, violaciones, asaltos a comercios, sicariato y guerra abierta entre bandas organizadas son hoy el pan de cada día en las diferentes ciudades y regiones del país, sin que nuestras autoridades sean capaces de combatirlos con eficiencia.

¿La delincuencia va en aumento? Claro. Más del 87% de la población —según encuestas— se siente insegura y desprotegida por las autoridades que eligieron. Ciudades como Trujillo, de gran potencial turístico, a la que se denominó “Capital de la eterna primavera”, recientemente ha sido calificada —por un informe periodístico— como la ciudad de la “eterna balacera”, por las constantes matanzas que se perpetran —a la luz del día y en pleno corazón de la capital norteña— entre bandas que disputan abiertamente sus cotos de poder.

No se dice que el nuevo Código de Procedimientos Penales sea malo, sino que adolece de graves deficiencias. No existe una adecuada coordinación entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, debido a que la mayoría de fiscales —sobre todo los provisionales— carecen de una preparación adecuada en investigación criminal y procedimientos penales, requeridos para sustentar una correcta acusación.

Ha desaparecido el atestado policial y ahora la PNP se limita a elevar un informe a los fiscales, sin ningún valor jurídico. Si la flagrancia no es debidamente probada y el informe no contiene pruebas, por falta de un laboratorio de criminalística, se convierte en un saludo a la bandera, al permitir la salida de las celdas —con total impunidad— a los delincuentes, valiéndose de los vacíos de nuestro código. Eso sí, con la complicidad de malos abogados y autoridades corruptas, que han hecho de esta situación su modus vivendi.

La aplicación del nuevo Código Penal en Chile requirió previamente la eliminación total de aquellos jueces que ejercían justicia con el anterior Código, dándoles tal responsabilidad a magistrados debidamente capacitados para aplicar las nuevas leyes. Nada de eso ha ocurrido en el Perú. Al contrario, ha desaparecido el atestado policial, han disminuido las atribuciones legales de la Policía Nacional, desapareció la PIP y en el Ministerio Público se ha incrementado la provisionalidad de fiscales que —en muchos casos— tienen dudosa actuación por incapacidad o por corrupción, al no existir en el país un sistema de evaluación idónea. Esto en la actualidad lo viene ejecutando un Consejo Nacional de la Magistratura seriamente cuestionado.

La mayoría de las regiones no cuentan con laboratorios de criminalística, permitiendo que todas las pruebas acumuladas por la Policía Nacional se remitan a Lima, con la consiguiente pérdida de tiempo y eficacia en la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado. A ello se suma que el nuevo Código Penal permite al delincuente contar con un abogado defensor de oficio, en desmedro de las víctimas, que no tienen quien las apoye. ¿Dónde están los Derechos Humanos de estos ciudadanos, muchos de ellos de modestos recursos económicos?

Es tiempo ya de que el Congreso de la República, en coordinación con el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional, perfeccionen éste Código Penal, para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana en todos los frentes. Hoy es tal la desconfianza de las víctimas en las autoridades que más del 60% no presentan sus denuncias por robo o asaltos.

Toca pues, a nuestras autoridades, hacer algo para combatir a la delincuencia, antes que Trujillo, Lima, Callao u otras ciudades del país se conviertan en las nuevas Tijuanas. Si ya no lo son.