Las cláusulas democráticas no se aplican a Venezuela

El chavismo se apoya en el ALBA y la indolencia regional

Es lamentable que América Latina, donde las luchas por la libertad y la democracia nacieron con la Independencia, no sea todavía capaz de ganar esta guerra bicentenaria. La voluntad esquiva para reaccionar solidariamente contra el autoritarismo ha facilitado la recurrencia de gobiernos como los del ALBA, aliados en la indigna tarea de oprimir a sus pueblos y manipular sus constituciones para perpetuarse en el Poder. En un gesto impúdico de apoyo, Nicolás Maduro visitó a Daniel Ortega, el nuevo Somoza nicaragüense que, con su esposa de candidata a la vicepresidencia, reinterpreta la fórmula conyugal del peronismo, patéticamente ensayada por el matrimonio Humala-Heredia en el Perú.

Oscilando entre Fidel Castro y Augusto Pinochet, el péndulo regional ha pasado fugazmente por la democracia durante los últimos sesenta años. Para prevenir reincidencias dictatoriales, los organismos regionales decidieron sancionar a los gobiernos que infringieran el orden constitucional, suspendiendo su participación en sistemas de cooperación e integración mediante “cláusulas democráticas” que obligan los Estados parte. La Carta Democrática Interamericana de OEA (Lima, 2001), y los Protocolos del Mercosur (Ushuaia, 1998), Unasur (Guyana, 2010), Comunidad Andina (Oporto, 2000), SICA (Declaración de Costa Rica, 2000) y Cumbres Iberoamericanas (Mar del Plata, 2010) han sido aplicados en forma minimalista, cuando no anómala.

Ejemplo: el Mercosur suspendió a Paraguay por destituir al presidente Lugo —aliado del ALBA— a pesar de que observó rigurosamente el procedimiento constitucional establecido. Era una sanción ilegal, pero la necesitaban para evitar que Paraguay vetara la adhesión venezolana al Mercosur, que Chávez negoció con Dilma Rousseff, Cristina Kirchner y José Mujica, a fin de convertirlo en aliado de Venezuela, Cuba y el ALBA.

La presencia del chavismo ha multiplicado los problemas de ese mecanismo de integración, al extremo que sus socios fundadores se oponen a que asuma la presidencia temporal. Las groseras acusaciones de Maduro a los Estados, a los cuales insiste en coordinar, han agravado el impasse y la tensión existente. Nada sería más legítimo que suspender al tiránico gobierno de Venezuela, en aplicación del Protocolo de Ushuaia, inhabilitándolo jurídicamente para la presidencia rotatoria que ha asumido unilateralmente y sin el reconocimiento de sus socios. Lo ha propuesto Paraguay, sin conseguir apoyo. ¿Será posible que Argentina, Brasil y Uruguay ignoren que Venezuela no respeta el estado de derecho propio de la democracia?

¿Cómo explicar la renuencia —si no el temor— a aplicar al chavismo la drástica sanción que merece? Venezuela ya no regala petróleo (ahora importa gasolina y crudos ligeros), y ha perdido el apoyo político de Brasil, Argentina y Perú. Si el balance regional ha variado tan sustantivamente ¿por qué siguen encarpetadas todas las cláusulas democráticas regionales?

No vislumbro otra explicación que el arraigo histórico del principio de no intervención en América Latina, teñido tal vez de una medrosa prudencia frente a la eventualidad de que sorpresas antidemocráticas o situaciones de desestabilización en alguno de nuestros países pudieran hacerlo víctima de sanciones similares. Pero si fuera correcta, la hipótesis pecaría de una notoria inconsistencia: la no intervención no debería invocarse para evitar actos internacionales solidarios en defensa de un derecho fundamental, como la autodeterminación de los pueblos. Nada más ligado a la libertad y la democracia que el derecho a la independencia y a optar por un sistema político que la salvaguarde.

El Estado que aplasta la libertad y los derechos humanos de los ciudadanos no debe utilizar el escudo de la soberanía y la no injerencia cuando oprime a su pueblo y desconoce su derecho a la autodeterminación. Con ello lo priva de la potestad de optar libremente por un sistema político, y de elegir o revocar a las autoridades que lo gobiernan.

Es el caso paradigmático de Venezuela y sus socios del ALBA, que han disociado las nociones de democracia y estado de derecho. A partir de una elección inicial, impusieron un populismo plebiscitario para aprobar nuevas constituciones y reformarlas a voluntad. Así pueden “legitimar” la reelección indefinida y disfrazar el abuso sistemático del poder con normas constitucionales a la medida de las circunstancias.

El chavismo sojuzga al pueblo venezolano. Y se vale de la indolencia regional, que no se atreve a honrar los compromisos que adoptó para defender la democracia y sancionar a quienes la ultrajan.

J. Eduardo Ponce Vivanco