La visión burocrática sobre los conflictos sociales

Sobre el verdadero origen de estos conflictos

El 3 de julio del 2016 Sebastio Mendonca Ferreira, del Centro Wiñaq, publicó el artículo “Propuestas para reducir la conflictividad social” (5 de 6). Mendonca afirma que son “ideas para estimular el debate”, y propone revisar el rol del Estado en los conflictos mineros, fundamentalmente. Cita a Paul Collier, de Oxford University, quien señala que “los conflictos extractivos se desarrollan en países con instituciones precarias. Por ello es importante el rol del Estado”. También cita a Daron Acemoglu: “el poder político y las instituciones inciden sobre el desempeño de las empresas y de las economías”. Luego concluye: “Esta falta de institucionalidad empodera a los grupos antimineros que bloquean el desarrollo de la minería formal en el Perú”.

Mendonca no entiende completamente esta realidad. Veamos por qué. El Perú es un país que se ha construido al margen del Estado. Millones de peruanos han urbanizado sus barrios, han creado sus puestos de trabajo, han hecho carreteras y caminos, y se han aliado con todos los gobiernos para acceder a los servicios básicos. Las masivas migraciones han creado otro país. La globalización atraviesa a la sociedad peruana en forma diferente. Sebastio Mendonca Ferreira, no quiere ver a los 500,000 mineros informales. No comprende cómo la economía informal (75%) ha creado un nuevo ser social: un peruano agresivo (achorado), emprendedor, temeroso y desconfiado de todo. Y además, complaciente con la corrupción. Este es el escenario no solo de los conflictos mineros, sino de la conflictividad social del país.

No son las vanguardias ideologizadas antimineras, ni la arrogancia empresarial, ni la precaria institucionalidad del Estado (gobiernos locales, regionales y nacionales) las que promueven los conflictos sociales. Es la realidad. No me cansaré de insistir en que mientras tengamos diez millones de peruanos sin agua, mientras el 85% de los agricultores no tengan crédito, mientras las condiciones de la salud, la educación y la seguridad no mejoren, siempre serán la chispa que active el subconsciente y los mitos contra la inversión pública y privada.

En el Perú, tenemos miedo al debate, a la confrontación democrática de ideas. Por ejemplo, algunos empresarios mineros tienen miedo a discutir la ley de ordenamiento territorial, porque según ellos se impondrán los ecologistas radicales; los sindicatos rehúyen debatir la flexibilización laboral, por temor a perder sus gollerías. Las grandes empresas extractivas no quieren ni escuchar que los comuneros pueden convertirse en sus accionistas minoritarios. Tampoco las regiones aceptan debatir la redistribución del canon. Parece que el debate sobre la realidad genera terror de ver desnudados los privilegios.

Reitero, no es la imposición de la ley para favorecer a la gran empresa minera; menos la sofisticación del diálogo, ni la legitimidad de las organizaciones sociales, ni la incompetencia de los gobiernos regionales. Lo importante es disminuir el 30% de pobreza extrema del Perú, pues eso es mejorar el sistema democrático. Es verdad que esto no se puede hacer en cinco años de gestión; pero al menos podemos empezar a solucionar el problema del agua con una masiva inversión pública y privada. También solucionar el complejo sistema de salud y, disminuir el déficit de infraestructura. Solo entonces los conflictos sociales disminuirán drásticamente, pues los peruanos tendrán otra actitud.

Los paliativos burocráticos pueden ayudar a algunos proyectos mineros momentáneamente. Pero no al desarrollo de la inversión pública y privada como política de Estado*.

* Ver el estudio de la Contraloría General de la República Efectividad de la inversión pública regional y local durante el periodo 2009 al 2014. También la investigación de la Asociación de Fomento de la Inversión en infraestructura (AFIN) Plan Nacional de Infraestructura 2016-2025.