La verdad sobre la corrupción en el caso Villarán

 

Reducir las mafiosas relaciones Odebrecht - OAS con la ex alcaldesa de Lima a un mero “asunto de financiación indebida” durante la revocatoria es, sin duda, un grave error. Pero fundamentalmente una treta grosera para eludir responsabilidades penales.

 Aquella prensa que nunca dejó de exaltar la supuesta incorruptibilidad de Villarán, y que ahora admite cierta culpabilidad con extrema renuencia, se aferra a dicho argumento. Lo mismo hace la legión de acólitos que se prestaron a una cruzada cada vez más pestilente. Así, ambos grupos pueden sostener “desconocerlo todo”, pues se habría tratado de “un dinero marginal que ingresó a una campaña electoral ajena a la gestión municipal” y que tuvo sus propios comités financieros y organizativos.

 Independientemente de la comisión del delito de lavado de activos —en el 2013 era de público conocimiento la actuación delictiva de las corporaciones brasileñas— centrar la atención en el financiamiento electoral constituye una forma de ocultar lo fundamental del crimen cometido. Lleva a tomar el “rábano por las hojas”.

 Reparemos en esta secuencia: 1) El 14 de enero del 2013 la Municipalidad Metropolitana suscribió una adenda con OAS, mediante la cual amplía el plazo de concesión en un 25% (de 30 años en el contrato original a 40). 2) Un mes después, el 10 de febrero, la entonces alcaldesa de Lima anuncia con pompa la firma del contrato con Odebrecht (entrega todos los peajes de la Panamericana Norte y Sur por 30 años): “La gran solución para el transporte capitalino”, dijo. 3) Días después, en marzo, se verifican los tres millones de dólares de ambas empresas para la no revocatoria de Susana Villarán (uno de OAS y dos de Odebrecht), como atestigua el publicista Valdemir Garreta y corrobora Jorge Barata, según informa el Ministerio Público.

 Preterir estos hechos, disociar su vinculación lógica y necesaria, reduciendo la culpabilidad únicamente a la fuente que financió la campaña, es una maniobra para confundir al público y ensombrecer la realidad de la cosas. ¿Podemos creer acaso que la corrupta maquinaria brasileña financió a Villarán por altruismo y sin ningún propósito de lucro, por puro amor al arte? ¡Por favor! Hasta la ingenuidad más pura tiene un límite.

 Recordemos que el año pasado estalló el conflicto de los peajes en Puente Piedra. Los pobladores del distrito y de Lima norte salieron a las calles para rechazar la violación al principio constitucional del libre tránsito. Se descubrió que ese cupo arbitrario, injusto y antitécnico resultaba ser el pulmón financiero de la concesión de Odebrecht. Tanto así, que el leonino contrato obligaba al municipio limeño a cubrir los peajes si fuera imposible imponerlos por la fuerza. ¡Así de grotesco!

 Todas las opiniones técnicas condenaron el contrato de concesión, pues reveló entreguismo y obsecuencia total para con la empresa, sin parangón alguno. Algo insólito y nefasto para la Municipalidad y la ciudad de Lima.

Producido el escándalo de patente corrupción, la Fiscalía debió investigar de inmediato. Estaba frente a evidencias de graves delitos contra la administración pública. Se había suscrito un contrato fraudulento, al estilo Transoceánica, Línea 2 del Metro y Gaseoducto. La compañía brasileña adquiría beneficios exorbitantes, y en perjuicio de los limeños. Era el cuerpo del delito, el punto de partida para la indagación fiscal. Sin embargo, la Fiscalía dejó pasar la oportunidad inexplicablemente.

 Si se hubiera investigado, no habría duda de que los dólares brasileños fueron coima, “pagos ilegales” hechos a cambio de los peajes metropolitanos y demás sobreganancias de los mafiosos. Poco importa que la plata negra se disfrace de regalos, viajes, becas, asesorías, títulos-valor, limosnas o fondos para campañas electorales. Serán siempre la contraprestación por un acto ilícito que merma los fondos públicos, entrega bienes estatales y, por tanto, agravia a la comunidad entera.

 Bajo esta óptica, la Fiscalía deberá investigar otros casos delictivos. Por ejemplo, los US$ 60 millones que recibió OAS, gracias a una alza indebida de los peajes. Y por qué se le eximió de indemnizar a los propietarios afectados por las rutas construidas o ampliadas, según contrato, durante los últimos días de la gestión Villarán. Investigar también las concesiones otorgadas al principal socio de Odebrecht, la peruana Graña y Montero: la av. Javier Prado, la extensión del Zanjón hasta San Juan de Miraflores y el monopolio para recaudar la cobranza de pasajes en los corredores metropolitanos, sin la debida transparencia o la ausencia de concurso alguno.

 Abandonar el enfoque de financiamiento ilícito a campañas electorales nos facilita comprender lo que en efecto sucedió. Odebrecht y sus cómplices no sufragaron coimas aisladas: compraron la Municipalidad Metropolitana aprovechando la extrema debilidad de la alcaldesa. Lo hicieron a precio de remate. Por algunos millones proyectaron utilidades fabulosas de US$ 2,000 millones.

En consecuencia, el dinero invertido en la revocatoria, más que favorecer a Villarán (desgastada y sin futuro), fue una forma de proteger sus intereses, sus contratos, sus exorbitantes ganancias y demás granjerías.