La Tremenda Corte

Se sometió al Perú a CorteIDH cuando ya se había aceptado retorno con reservas en terrorismo.         

La Corte-IDH acaba de ordenarle al Estado peruano pagar, como reparación económica, US$105 mil a la sentenciada por terrorismo Gladys Espinoza González, quien denunció haber sido víctima de violación sexual y tortura en instalaciones policiales, cuando fue detenida en 1993. De acuerdo con la Corte-IDH la actuación de los jueces es cuestionable al no haber investigado la denuncia de la terrorista. Y aquí la pregunta sería ¿Es cierta esta denuncia? La violencia sexual es usada como arma de guerra y mecanismo de tortura para lograr confesiones. Y es en todos los casos inaceptable, sin importar que la víctima sea una terrorista. Y es que el delito por el que se persigue a una persona no justifica ni la tortura, ni la violación sexual ni las violaciones al debido proceso. Sin embargo, la estrategia implementada por el gobierno peruano en la captura y detención de las cúpulas terroristas durante los noventas fue excesivamente cuidadosa y respetuosa de sus DDHH. 

Uno de los jueces cuestionados con esta sentencia es el vocal supremo San Martín, cuya respuesta ha sido sostener que la Corte-IDH se ha equivocado con esta sentencia. Pero, según él, no queda más que cumplirla. Mientras que el ministro Pérez Guadalupe lamentó esta decisión, pero sostiene que hay que respetarla. ¿Quién se encarga de la defensa del Estado Peruano? En este caso, el procurador fue Iván Bazán, de la ONG Fedepaz, miembro de la CNDDHH. Por cierto, la abogada de la terrorista es Gisela Astocondor, de Aprodeh, cabeza de la CNDDHH. ¿Algo le huele mal? 

Hace unos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió a trámite la denuncia presentada por Maritza Garrido-Lecca. En lo que va del año ha admitido 63 denuncias interpuestas por sentenciados por terrorismo por presunta afectación y violación a sus DDHH. 

La Corte-IDH y la CIDH tienen un grave sesgo ideológico. Ya desde los noventas promovieron beneficios para los terroristas, lo que motivo que como consecuencia del fallo en favor del terrorista Castillo Petruzzi, el gobierno peruano se retirara de la Corte-IDH. Durante la Mesa de Diálogo de la OEA, en el 2000, se llegó a varios acuerdos, entre ellos que el Perú retornaría a la competencia contenciosa de la Corte-IDH pero con reserva para los casos de terrorismo. Esto es, que la Corte-IDH no tendría competencia para revisar estos casos. ¿Sabía que los acuerdos y audios de la Mesa de Diálogo están celosamente guardados en la Biblioteca Colón en Washington DC, con acceso restringido? 

Lamentablemente, durante el Paniaguato no se respetó el acuerdo de aquella mesa y, sin mayor discusión, el Perú regresó a la competencia contenciosa de la Corte-IDH sin condición alguna. ¿Dónde están aquellos que decidieron inclumplir los acuerdos? Uno de ellos, aquel que implementó  la política de allanamientos ante la CIDH, está sentado en la Corte-IDH. 

El sector políticamente correcto lamenta la sentencia, pero sostiene que es culpa de Fujimori. Y yo sostengo que es culpa de los políticos débiles que gobiernan el país y que no se atreven a enfrentar a la caviarada ni a defender los intereses del Estado. 

Hugo Neira escribió hace unos días sobre la necesidad de tener políticos profesionales. Políticos que estudian para serlo y cuya dedicación es exclusiva y no solo a ratitos. Y yo coincido. Necesitamos profesionalizar la política y exigir que quienes nos gobiernan rindan cuentas y defiendan los intereses del Perú y no solo sus intereses personales. 

Por Ana Luisa Guerrero 

12 - Mar - 2015