La trata de personas: del dicho al hecho

La trata de personas es un delito invisible. Se oculta tras la promesa de un trabajo, de una vida mejor; tras el engaño de huir lejos, de la ayuda desinteresada; tras la amenaza, la mentira. Y al parecer también se ha vuelto invisible para el Gobierno. Un Gobierno que ha tomado la bandera de la lucha contra la violencia a la mujer en el discurso, pero se contradice en los hechos.

En el último Pleno del Congreso se debatió la Ley de Presupuesto, se habló de un necesario incremento del monto dedicado a combatir la violencia, pero fue solo un congresista, Juan Carlos González, quien expuso la necesidad de aumentar el presupuesto, sobre todo considerando que las principales carteras no habían ejecutado todo el presupuesto asignado el ejercicio anterior.

¿Cuál fue la respuesta del Gobierno? Redujo el presupuesto del año fiscal 2018 para ejecutar el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas a S/ 5.66 millones; es decir lo redujo casi a la mitad de lo asignado y solicitado no solo por los ministerios sino por los organismos constitucionales autónomos y gobiernos regionales en el periodo pasado (S/ 11.00 millones). Este año solo las carteras de Trabajo, del Interior y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables solicitaron este presupuesto específico.

¿Entonces en qué quedamos? Por un lado, hemos emprendido una lucha férrea contra la corrupción, lo cual también significa una asignación presupuestal importante, sobretodo para el Ministerio Público y las procuradurías; pero en materia de combatir la trata de personas, justo el negocio más rentable del crimen organizado, el Gobierno no ha demostrado una real intención de reducir las cifras: 1,930 víctimas de trata de personas reportadas en el 2016, a las que se suman 500 reportadas en la primera mitad del 2017.

En estos últimos diez años, desde la aparición de la Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, DS N° 28950 - 2007, se han dado avances normativos importantes hasta el II Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas 2017-2021, pero no es suficiente. ¿De qué sirve el papel si el contenido no se ejecuta? Y esta ejecución va más allá de solo descentralizar de manera adecuada la ejecución del Plan, abarca también su operatividad intersectorial y articulada.

Entre las barreras que más preocupan se encuentra la capacitación para la prevención. De acuerdo a cifras alcanzadas en el último informe de la ONG CHS Alternativo, el PNAT 2017-2021 tiene entre sus objetivos la capacitación del 30% de docentes a nivel nacional, mientras que a la fecha solo se han capacitado alrededor de 33,000 docentes. Solo 406 operadores de justicia fueron capacitados, y en el año 2017 solo se ha capacitado a 198 operadores y 77 funcionarios en la elaboración de los planes regionales.

Este 10 de diciembre se celebra el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y seguramente los ministerios lanzarán hashtags en las redes sociales y realizarán eventos para conmemorar el compromiso que tiene el Estado Peruano en la defensa y protección de los derechos. Yo solo espero que ese día recuerden que los operativos en La Pampa continúan, y que las 75 víctimas rescatadas el pasado 14 de noviembre, entre mujeres y niñas, esperan justicia. Esa justicia que sin voluntad política, traducida en presupuesto, difícilmente se alcanzará.