La suerte de Kuczynski, ¿está echada?

 

Por tercera vez en la historia del Perú se verá hoy en el Congreso un pedido de vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente”. Una grave acusación que pende sobre la cabeza de Pedro Pablo Kuczynski, a quien se le acusa de haber mentido reiteradamente al pueblo que lo eligió en apretadas elecciones ganadas a Fuerza Popular, hoy mayoría parlamentaria y su máximo opositor. Los otros dos vacados fueron Guillermo Billinghurst y Alberto Fujimori Fujimori.

El conflicto de intereses surgido de sus negadas y luego desmentidas relaciones con Odebrecht mientras fue presidente del Consejo de Ministros, ministro de Economía y presidente de Proinversión, durante el Gobierno de Alejandro Toledo —en el periodo 2004 al 2007— es la cereza que ha coronado la torta que hoy lo lleva a un juicio eminentemente político y que podría defenestrarlo, si es que 87 de un total de 130 congresistas confirman el pedido de vacancia, al no encontrar convincente su defensa.

La Constitución del Estado considera las mentiras reiteradas como causal de vacancia, y en ellas ha incurrido frecuentemente Pedro Pablo Kuczynski, quien públicamente manifestó que nunca tuvo relaciones directas ni indirectas con la corrupta empresa brasilera Odebrecht. Afirmaciones refutadas por los dueños de la citada empresa y luego desmentidas documentadamente.

Westfield Capital, empresa de la que era dueño absoluto y único responsable PPK—entre el 2004 y el 2 de diciembre del 2007— prestó asesoría a los constructores cuando él se desempeñaba como ministro, desacatando el artículo 126 de la Constitución del Estado, hecho suficiente para inhabilitarlo moralmente a la Primera Magistratura del país, por un claro conflicto de intereses.

Hoy la credibilidad y el apoyo popular hacia el presidente bordean el 15%, situación que lo pone en una situación de precariedad insostenible para ejercer la Presidencia de la República. Solo un milagro y pruebas documentadas contundentes podrían salvarlo de la vacancia y permitirle seguir gobernando; eso sí, en medio de dudas y conflictos que nada bueno le augurarían al Perú.

La izquierda caviar y el entorno íntimo del presidente han puesto el grito en el cielo y, ayudados por cierta prensa oficialista, vaticinan en forma alarmista un “golpe de Estado” contra la democracia. Luchar contra la corrupción es una tarea primordial en un Estado de derecho y enjuiciar a un mandatario por mentiras reiteradas, no significan atentar contra la democracia, ya que existen mecanismos constitucionales que señalan al primer o segundo Vicepresidente como reemplazantes naturales en caso de vacancia.

Las fuerzas políticas del país, así como el pueblo —en caso de vacancia— tienen el deber de respaldar al sustituto para que enmiende el camino errado, tienda puentes a la oposición, erradique la corrupción, recupere el tiempo perdido y fumigue la contaminada administración pública, que maneja los intereses del Estado como si se tratara de su propia chacra.

Los presidentes presos y los que están cuestionados, no son los únicos responsables de las calamidades que hoy nos afectan. Hay miles de burócratas y políticos enquistados en el Gobierno hace más de 25 años, que son los responsables de las iniquidades que suceden en los diferentes estamentos del Estado.

El Perú requiere un cambio de timón urgente, el restablecimiento de los valores perdidos y —sobre todo— la recuperación de la “fe” en las instituciones, que deben ser el baluarte de la democracia. Lamentablemente nadie cree en los partidos políticos, ni en el Poder Judicial, porque no hay honradez en sus actos, ni transparencia en la justicia.

Si hoy —ante el Congreso— Pedro Pablo Kuczynski repite el libreto del último domingo, su suerte estará echada irremediablemente y en el acto Martín Vizcarra tendrá que asumir la Presidencia de la República. Se daría así término al efímero mandato de un gran economista, pero un pésimo político, que pasó por la Casa de Pizarro sin pena ni gloria, asestándole un fuerte golpe a la débil democracia que sustenta la representatividad política en el país.