La responsabilidad de nuestros políticos

Ante acusaciones de obstruccionismo y debilidad

Nadie olvida las sorpresas de las últimas elecciones nacionales que, por un grave defecto de nuestra normatividad, dieron como resultado la enorme mayoría parlamentaria que surgió de la primera vuelta y no de la segunda, como sería razonable. En un sistema político en el que los partidos son débiles y tienen representaciones parlamentarias reducidas, esta realidad se traduce en una relación conflictiva entre el Congreso y el Ejecutivo. Las reuniones entre el presidente y la lideresa de Fuerza Popular permitieron un entendimiento inteligente para aprovechar coincidencias programáticas por el bien del país. Pero ha bastado que la huelga magisterial supere los límites de la paciencia ciudadana para abandonar la tregua y retornar al malsano ambiente opositor que parecía superado.

Se han reanudado las acusaciones contradictorias de obstruccionismo y debilidad. También las actitudes declarativas, provocadoras y destempladas, dictadas por el propósito de aparentar una oposición dura que da la impresión de agudizarse cuando la mayoría colabora constructivamente en cuestiones de importancia capital para la nación. Uno de los defectos más nocivos e inmaduros de la política nacional es el convencimiento de que la oposición beligerante es la mejor garantía de un futuro triunfo electoral.

El ánimo agresivo y permanentemente crítico del Congreso hacia el Gobierno suele justificarse por su obligación de fiscalizar y ejercer el control político que le corresponde. Lamentablemente, esas obligaciones desplazan en importancia a la principal función del parlamento, que es legislar. Así se desprende de la simple lectura de tres de los capítulos que la Constitución de 1993 que señalan esa evidente prioridad.

La preferencia partidaria por presidir y participar en la Comisión de Fiscalización y la profusión e hiperactividad de las comisiones investigadoras, relegan obligaciones parlamentarias tan vitales como las de estudiar, elaborar y discutir la legislación que el país necesita con urgencia. Existen áreas con problemas tan agudos como la indispensable reforma de la regionalización —irresponsablemente aprobada en el Gobierno de Toledo—, la reforma electoral por la que todos claman, la reforma laboral que nos condena a la informalidad, o la reforma y modernización de la legislación antiterrorismo, a las que no se presta la atención ni la prioridad que requieren con urgencia.

La violenta huelga magisterial ha puesto de manifiesto la imperiosa necesidad de contar con normas legales que se refuercen recíprocamente en las áreas problemáticas. La sindicalización del magisterio se ha convertido en un archipiélago gremial inmanejable. La acción del Ministerio del Interior está maniatada por la ausencia de una legislación adecuada para prevenir y penalizar el terrorismo infiltrado en los núcleos dirigenciales de los maestros. Y la disfuncionalidad de las competencias nacionales y regionales en la educación pública ha dificultado el control de la huelga.

El período de violencia que todavía no termina pone en evidencia la necesidad de que el Congreso priorice su función legislativa y afine la coordinación con el Ejecutivo en beneficio del Perú. La mayoría de Fuerza Popular puede ser decisivamente positiva para que la acción política se encamine en esa dirección.

J. Eduardo Ponce Vivanco