La política, un buen negocio

¿Por qué nuestra institucionalidad es permisiva con la corrupción?

No pretende esta columna realizar un juicio ético sobre todas aquellas iniciativas políticas que disfrazadas de supuestas buenas intenciones “por el bien del país”, “la justicia social”, “la inclusión de los pobres”, etc. (toda esa perorata a la que estamos acostumbrados),  esconden proyectos personales o grupales en pos del enriquecimiento individual o colectivo.

El Perú convive con la corrupción por lo menos desde su alumbramiento a la vida republicana y no será éste el primer ni último artículo que aborde un tema tan antiguo como actual y tan conocido como irresuelto hasta hoy.

Solo diré que más allá de la cultura altamente permisiva que tenemos los peruanos con la corrupción (según lo ha señalado más de una vez, por ejemplo, entidades como Transparencia Internacional), no habrá forma real de combatir este gran flagelo (que dicho sea de paso tiene una incidencia directa en el crecimiento económico de cualquier país) sino es con la existencia de instituciones públicas debidamente fortalecidas, profesionalizadas, autónomas, transparentes y con alta credibilidad, que le den la debida batalla.

Claro, estoy pensando básicamente en la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Contraloría, el propio Congreso de la República. Pero sobre todo, en entidades no públicas: los medios de comunicación, los gremios empresariales y sindicales, la academia, la escuela en su integridad, y especialmente, las familias y las personas.

Cuanto más sanción social (por sobre la legal, la judicial o la política) tenga la corrupción estaremos en mejor camino para una verdadera lucha contra este fenómeno.

Pero a lo que iba. El caso de las agendas de la Primera Dama y presidenta del partido de gobierno tiene un ángulo que hasta el momento ha sido poco abordado: lo relativamente fácil que puede ser armar un proyecto político hoy en el Perú (con la justificación que usted quiera, sean sus promotores de izquierdas, derechas, centro, arriba o abajo, sea el movimiento joven o cercano a los 100 años, sea con dimensión limeña o provinciana) y conseguir el financiamiento local o extranjero que no solo financie, sino que le cambie radicalmente la vida a los promotores.

Para estos últimos, el paso de tener nada, poco o muy poco, a tener mucho puede ser cuestión de meses o pocos años. Y el problema es que la ley peruana, tal como hoy está diseñada, no afecta en lo más mínimo esta enorme informalidad. Ni para los “políticos” promotores/recaudadores de fondos ni para los donantes, sean estos legales o delincuentes.

Con lo cual uno entiende los grandes incentivos (hablando en términos económicos) que subyacen a la formación de “partidos”, y en general, al ingreso a la política, haya o no haya éxito. Es decir, se gane o no un puesto de representación. Y si el objetivo político/electoral es logrado, el corrupto tendrá además la opción de medrar ya no solo del privado sino del Estado.

Por eso es que los kits electorales de la ONPE se venden como pan caliente. Por eso es que en el Congreso la mayoría de parlamentarios impide que esto cambie bloqueando las normas pertinentes y evitando el control y la bancarización de fondos. Por eso es que una gran mayoría se niega a eliminar el voto preferencial, entre otras tantas cosas.

Simplemente, porque la política puede ser un gran negocio.

Por: Mario Saldaña C.(@msaldanac)