La Policía Metropolitana

Los ciudadanos y los propios especialistas consideran que la mala actuación de una entidad depende exclusivamente de su liderazgo, cuando en realidad la causa radica en su diseño institucional. Este es el caso de las comisarías de nuestra Policía Nacional. Nos quejamos hasta el cansancio de la corrupción de los policías, de que no los veamos patrullando las calles o de que sus unidades móviles estén paradas en cada dependencia policial, pero no hacemos el esfuerzo ni la investigación necesaria para encontrar la causa de este reiterado comportamiento.

Por algo debe ser que, en su momento, tanto el ex alcalde Alberto Andrade, el propio Luis Castañeda Lossio y diversos alcaldes distritales hayan señalado que una de las soluciones para enfrentar con éxito la inseguridad ciudadana en Lima radica en crear una Policía Local o la Policía Metropolitana, exclusivamente para enfrentar los delitos menores, desarrollar acciones de prevención y con el uso de armas no letales. En la actualidad los candidatos Renzo Reggiardo y Manuel Velarde han planteado abiertamente la creación de una Policía Metropolitana en Lima, como expresión de una fusión de los diversos serenazgos distritales y de un cuerpo de la Policía Nacional que, sin desprenderse ni romper la unidad de la entidad nacional, se especialice territorialmente en afrontar el complejo problema de la inseguridad ciudadana en nuestra capital. Juan Carlos Zurek, alcalde de La Molina y también candidato a la alcaldía de Lima, lo llama Serenazgo Metropolitano.

Una de las razones de la deficiente labor de la policía en Lima, y en las comisarías, radica en el hecho que estas están divorciadas de los gobiernos locales, de la comunidad y de las propias entidades públicas y privadas en cada escenario local. Esta es la causa por la cual las comisarías y las subregiones policiales son entidades que actúan desarticuladamente y sin ningún tipo de supervisión de los concejos municipales y de la opinión de los ciudadanos. Es, además, un factor que ha hecho que sistemáticamente se produzca un proceso de militarización de la policía, con excesivas jerarquías, burocracia y trámites de funcionamiento.La comisaría debe ser funcional y no disfuncional para el planeamiento de la gestión metropolitana en una dimensión macro, y también en una dimensión más reducida en cada distrito.

La reforma propone que el gobierno metropolitano y los gobiernos locales distritales tengan efectivo mando —y no solo de coordinación— sobre la policía en Lima, según su nivel jurisdiccional, pero solo en lo referente al enfrentamiento de delitos menores y el tránsito; mientras la Policía Nacional conserva su mando sobre la investigación criminal, la guardia de asalto y los cuerpos de élite. No debe ser un mando absoluto del alcalde, sino compartido con los concejos municipales para evitar que el despotismo alcaldista, tan presente en la ley orgánica de municipalidades, termine convirtiendo la cura en algo peor que la enfermedad. La experiencia de las municipalidades, durante cerca de dos décadas, en la conducción de los serenazgos municipales puede ayudar mucho en la implementación de esta reforma. Prueba de ello es que en las diversas encuestas de opinión los serenazgos municipales gozan de mayor prestigio que la policía.

Un ejemplo emblemático de esta reforma puede darse en la ratificación de los comisarios que decide el mando nacional de la policía. En este caso, la ratificación o cambio de un comisario de una comisaría debe contar con la opinión de los concejos municipales, las juntas vecinales de seguridad ciudadana y la comunidad organizada, según un procedimiento establecido en una reglamentación específica. De esta manera se podría evitar la decisión arbitraria del mando nacional de la policía cuando un comisario de excelente labor es cambiado, o cuando es ratificado aquel que ha mostrado un comportamiento deficiente. La designación y ratificación de los comisarios debería ser un momento de debate especial de la comunidad y los gobiernos locales, tanto como premio como castigo para los buenos o malos comisarios. Ello provocará que el mando policial y sus efectivos pongan todo su esfuerzo en implementar planes efectivos de seguridad y se sientan parte del progreso de una localidad; y no aves de paso, como ocurre ahora.

Otro mecanismo eficiente puede ser el patrullaje de los efectivos policiales y las unidades móviles según el plan metropolitano o distrital de seguridad ciudadana. Los efectivos designados para esta labor deberían estar obligados a un control vecinal por cuadrantes, que como reporte sería entregado al alcalde, al Concejo Municipal y a los mandos superiores de la policía. Ya veremos cómo estos mecanismos de supervisión y control ciudadano volverán a una reubicación social del policía y una nueva cultura de comportamiento. Pero para que esta medida sea integral, y no solo controlista, las sociedades locales deben crear también los incentivos necesarios y el apoyo logístico a la policía, de tal manera que la reforma sea sostenible en el tiempo.