La oposición social

El Apra y sus denuncias de abusos contra los más pobres

Han transcurrido varios meses desde que se promulgó la ley que eliminó el vil cobro que se impuso a las familias peruanas por el lesivo contrato del Gasoducto Sur, firmado en el gobierno de Ollanta Humala. Y por lo visto, tendremos que esperar un poco más para ver la devolución en nuestros recibos de luz.

A principios de este año se anunció el retiro de este cobro. Dos meses después se promulgó la Ley N° 30543 que eliminaba el Cargo por Afianzamiento de Seguridad Energética (CASE), como consecuencia de la cancelación de dicho contrato. Casi cuatro meses después, Osinergmin pre publicó el procedimiento de devolución. Las familias peruanas pagaron durante dos años este contrato, y deberán seguir esperando para que se les haga justicia. Unos US$ 135.7 millones, aproximadamente, deberán devolverse a casi 6.8 millones de usuarios.

El Partido Aprista Peruano —que desde hace 87 años es la oposición social, de los trabajadores, los jubilados, los taxistas y jóvenes desempleados—, denunció el tremendo perjuicio que representaba el nuevo contrato, que fue sustituido en 2014, con un solo postor y ascendente a US$ 7,300 millones. En 2008, su valor era de US$ 1,334 millones, cifra aportada en su integridad por el inversionista. El incremento humalista es inexplicable y, sobre todo, dañino para las familias y el Estado.

Contratos lesivos como este, se han sucedido a lo largo de nuestra historia, perjudicando a los peruanos más humildes. En los últimos años, por ejemplo, vecinos de Lima Norte y Puente Piedra, denunciaron el cobro de un peaje que tenía previsto incrementarse a S/ 5.50 el próximo año. Se ha dicho que estas vías fueron concesionadas en la gestión de Susana Villarán. En los últimos años, la izquierda peruana ha demostrado que, en la práctica, siempre gobierna de espaldas al pueblo. Y el llamado “caviar” supedita sus convicciones a la consultoría del momento.

Aunque renieguen, la verdad es que el APRA ha sido el único en denunciar esta clase de abusos, logrando la libre desafiliación de las AFP y la reducción de los intereses de las tarjetas de crédito. Los peruanos, que no son tontos, se dan cuenta de todo esto. Saben que la izquierda y derecha del país siempre han satisfecho el hambre del rico, pero no del pobre. Por eso atacan al Apra, porque saben que en un Gobierno aprista, no se gobernaría para los amigazos y familiares, ni se firmarían contratos lesivos para los más humildes.

Arturo Valverde