La ley y el orden

¿Qué hacer frente a la violencia que desatan los grupos radicales antisistema?   

El desarrollo social necesita como base el orden, y éste nace de la ley. El Estado garantiza su cumplimiento con el monopolio de la fuerza. En democracia la ley nace del diálogo de las ideas y el consenso en las instancias señaladas para cumplir ese rol. El ciudadano participa con su voto, eligiendo a sus representantes, dentro de un sistema de poderes separados. Así es como está organizado un mundo civilizado y así debería funcionar. Todo este esquema social, que fue un logro de la humanidad al cabo de innumerables guerras durante milenios, que acabaron con la bomba atómica, siempre está en peligro. Y uno debería preguntarse ¿por qué hay gente que insiste en el modelo primitivo de la violencia y el enfrentamiento tribal, llegando incluso al terrorismo? Me inclino a creer que se trata de gente enferma.

Así como un organismo puede ser atacado por células malignas que transforman por contagio a otras, hasta pervertir un órgano entero provocando luego una metástasis generalizada, una sociedad puede ser infectada por grupos que introducen sus ideas en las personas, transformando su pensamiento hasta convertirlos en agentes del mal. Al igual que el cáncer, este contagio puede ser difícil de detectar si se mimetiza con los mismos códigos o desactiva las defensas naturales. Lo que también ocurre a escala social. Los activistas se apropian del lenguaje de DDHH y desactivan el accionar policial, por ejemplo.

Este tipo de enfermedades son difíciles de abordar porque el tratamiento suele afectar también al organismo: mueren células buenas y malas, con la esperanza de que, una vez aniquiladas las malas, el organismo recupere la salud y regenere sus tejidos con células buenas. El asunto generalmente funciona a nivel orgánico pero a escala social toda muerte es inaceptable. ¿Qué hacer entonces?

A diferencia de lo que ocurre a nivel tisular, en la sociedad sabemos perfectamente dónde están los núcleos del mal y cómo trabajan. Podríamos aplicar el mismo tratamiento preventivo que sabemos es el más efectivo a escala biológica. ¿Por qué no lo hacemos? El terrorismo solo pudo ser derrotado cuando se capturó a sus dirigentes. Una vez presos los cabecillas, la estructura entera se vino abajo como un dragón sin cabeza. Para ello hizo falta leyes especiales y fuerzas especiales. ¿No es hora de que el Estado se defienda del ataque permanente y sistemático de los agitadores antimineros pseudoambientalistas que viven confrontando la ley, el orden y el Estado de derecho, y generando zozobra y muertes?

Evidentemente no se puede emplear la fuerza aniquiladora contra una sociedad inflamada. Ya es muy tarde. Debemos prevenir. El Estado se defiende con leyes y estrategias políticas. Tenemos leyes que penalizan el pánico financiero. ¿Por qué no penalizar el pánico minero? ¿Acaso no revisten la misma gravedad e importancia? No podemos seguir de brazos cruzados mientras una plaga de agitadores va por los pueblos contando toda clase de mentiras contra la actividad minera, o mientras las estaciones de radio instigan a la violencia. ¿No es hora de castigar la apología de la violencia? Promover el miedo y el odio contra la mina debe ser sancionado con cárcel efectiva, aunque sea de un par de años. Los dirigentes deben ser responsabilizados penalmente por todos los desmanes, daños y muertes ocurridos en las protestas que promueven. Hay que descabezar a estas organizaciones y líderes del mal y la mentira ecológica que usan la fachada del ambientalismo para sus fines políticos perversos.

La minería y el agro pueden convivir perfectamente, y más ahora con las modernas tecnologías. Todos los problemas se resuelven con ingeniería, tecnología e inteligencia, cuando hay buena voluntad. Hay que detener la barbarie de estos dirigentes radicales ambientalistas, pero con una ley en la mano.

Por Dante Bobadilla
14 - May - 2015