La lección que deja el fútbol a la política

Durante las últimas semanas el Perú ha vivido una gran efervescencia futbolística generada por las eliminatorias del Mundial Rusia 2018. Este efervescencia nos ha permitido comprobar que somos un país con espíritu solidario y con fervor patriótico, con fe y convicción cuando se trata de conseguir objetivos; como el que ha logrado el seleccionado peruano, clasificando para un repechaje en el que nadie creía hasta hace algunos meses.

Afloraron el amor a la patria, a nuestros símbolos patrios y a las canciones que recuerdan y valoran nuestra identidad. Estos valores y ese fervor patriótico nunca deben perderse y deben servir para emprender otras acciones que contribuyan al desarrollo social y económico del país. Son esos valores los que deben guiar cada uno de nuestros actos y, particularmente, los de aquellos ciudadanos llamados a representarnos en las instituciones tutelares del país.

Es cierto que los deportes —especialmente el fútbol— mueven multitudes, generan emociones diversas y movimientos solidarios. Por ello pensamos que esa actitud asumida hoy por los peruanos debiera ser capitalizada en favor de la solución de los grandes problemas que aquejan al país. Para que se destierre el odio entre peruanos y se creen cruzadas en favor del desarrollo nacional.

De acuerdo a las últimas encuestas, el mayor problema que aqueja a los peruanos es la corrupción en el Estado. El 62 % de los peruanos está convencido de que existe corrupción en la administración pública, y ese mismo porcentaje cree que 77% de los congresistas son corruptos, situación que demuestra lo desprestigiada que se encuentra la clase política en el Perú.

Si volteamos la mirada hacia el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público, comprobaremos la baja valoración de estos poderes del Estado. La opinión pública no cree en ellos, lo que resulta preocupante, porque son la base de la democracia, hoy amenazada por frentes de lucha, movimientos proterroristas, sindicatos ultrarradicales y organismos antimineros que silenciosamente socavan la institucionalidad del país.

El Gobierno debería tomar nota de los factores positivos que han permitido el cambio de actitud entre los peruanos, para implementar una serie de acciones que fortalezcan a la administración PPK. Como el apoyo abierto y decidido a la inversión nacional y extranjera —sobre todo en el sector minero— y una reforma electoral urgente, ya que estamos exactamente a un año de las elecciones regionales y municipales del 2018.

El Congreso tiene responsabilidad en la reforma electoral, para prohibir la postulación de aquellas personas que hayan tenido condena por delitos de corrupción, terrorismo y homicidio, entre otros. Hay que cerrarle el paso a quienes hayan atentado contra los intereses del Estado. Necesitamos partidos políticos fuertes y transparentes, para que postulen a candidatos honestos a los cargos públicos y no reciban prebendas del narcotráfico; ni de empresas privadas corruptas, como Odebrecht.

En octubre del próximo año se presentarán más de 100,000 candidatos a las elecciones regionales y municipales, para ocupar 12,000 puestos entre gobernadores, consejeros, alcaldes provinciales y distritales, y regidores en más de 2,000 suscripciones territoriales del país. La selección de candidatos debe ser rigurosa, y para ello se requiere contar con el apoyo del Ministerio del Interior, del Ministerio Público y del Poder Judicial, a fin de evitar que gente con prontuario delictivo o de dudosa reputación aspire a cargos públicos, tal como ha venido ocurriendo tradicionalmente en el Perú. La clave radica en que el Jurado Nacional de Elecciones —con apoyo de las instituciones antes nombradas— examine exhaustivamente la hoja de vida de cada uno de los candidatos, a fin de separar la paja del trigo.

Actualmente el pasivo de la imagen pública de nuestros ex gobernantes tienen como pesada carga a tres ex presidentes de la República, quince gobernadores regionales y más de 500 alcaldes y ex alcaldes procesados o sentenciados por corrupción, lavado de activos, colusión agravada; y hasta asesinatos, como los que se le imputan a César Álvarez y a Gregorio Santos, ex gobernadores de Ancash y Cajamarca respectivamente. Es hora de actuar y de demostrar que la unión de los peruanos puede mover montañas.

Carlos Arnillas Denegri