La justicia está como el cangrejo

La VIII Cumbre de las Américas celebrada recientemente en Lima para debatir —entre otros temas— el problema de la corrupción en América Latina, ha establecido la hoja de ruta que el Gobierno de Martín Vizcarra debe seguir para luchar frontalmente contra este terrible flagelo. La corrupción hoy es un mal común en todo el continente y justifica el nivel de pobreza en países como el nuestro, que pugnan por salir del subdesarrollo.

Pero este problema, que es de carácter estructural, no solo está enraizado en el campo político, también lo está en sectores como el empresarial y el judicial, así como en todo el aparato burocrático del Estado. Ningún organismo de carácter local, regional o nacional se libra de este flagelo, que es como un cáncer que corroe a nuestra sociedad.

Sin embargo, y a pesar de esta cruda realidad, la esperanza ha retornado en la mayoría de los peruanos luego del relevo presidencial, situación que se refleja en la última encuesta IPSOS Perú, que da cuenta de un repunte de la imagen del Congreso de un 14% al 25%; del Poder Judicial, de un 20% al 27%; del nuevo Gabinete, del 48%M; y de un 57% de apoyo para el presidente Martín Vizcarra.

La experiencia nos enseña que las lunas de miel son efímeras. Y por eso el Gobierno, fortalecido por la confianza popular, debe iniciar conjuntamente con el Congreso, cuanto antes, una profunda reforma en el Sistema de Justicia. Porque si la justicia no mejora, poco o nada se podrá avanzar en la lucha contra la corrupción y en la consolidación de la democracia en el Perú.

Tenemos un Poder Judicial y un Ministerio Público impávidos e ideologizados, en los que la justicia se ciñe a cánones impuestos por organismos internacionales, y no necesariamente a los Códigos Penal y Civil que rigen a toda nuestra sociedad. Los criterios para sancionar a los corruptos no son homogéneos. De otra manera no podemos explicar cómo el Ministerio Público actuó con celeridad inusitada con los fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya; y con una lentitud exasperante y contemplativa con Susana Villarán, a quien se le sindica como principal receptora de las millonarias coimas de OAS y Odebrecht, dándole el tiempo suficiente para borrar las pruebas que la acusan.

Por otro lado, Verónika Mendoza —la ex secretaria de Nadine Heredia, que portaba y escribía en la agenda de su jefa—, parece intocable y se apresta a postular a la Presidencia de la República en el 2021, con la complacencia de un Fiscal de la Nación como Pablo Sánchez. Este último en algún momento tendrá que afrontar su responsabilidad por las continuas demoras en los diferentes casos de corrupción a cargo de su despacho y en el de sus obedientes subalternos.

Otro caviar que ahora ejerce la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, Duberlí Rodríguez, acaba de echar por la borda el tibio apoyo popular que le brindó la ciudadanía, al haber ordenado la liberación de terroristas genocidas como Osmán Morote Barrionuevo y Margot Liendo. Ellos solo pagarán S/ 10,000 de reparación civil y gozarán de arresto domiciliario, con el costo al erario nacional que generará el resguardo policial que ambos tendrán en la puerta de su domicilio. A esa pareja se suman a seis terroristas liberados en menos de un año, encabezados por Maritza Garrido Lecca y Martha Huatay.

No olvidemos que Osmán Morote es uno de los responsables directos de la muerte de 25 personas —incluyendo niños y ancianos— y más de 200 heridos —que quedaron sordos, ciegos y lisiados— como producto de la fatídica noche del 16 de julio de 1992, en la calle Tarata de Miraflores, en la que explotaron mil kilos de dinamita en dos coches bomba. Sobre Morote penden todavía juicios sobre los casos Tarata, Soras y Perseo; sin embargo el Poder Judicial ya lo liberó, en medio del jolgorio que desataron en la sala los terroristas, encabezados por Abimael Guzmán, en el momento que se decretó la libertad de sus cómplices.

Fallos como el que ha dado la Sala de Apelaciones del Poder Judicial, con la aquiescencia de Duberlí Rodríguez, nos llenan de indignación y le quitan la esperanza a un pueblo que aspira a vivir en paz. Mientras tanto, la misma justicia ideologizada continúa persiguiendo y condenando en forma implacable —durante ya más de 25 años—- a los soldados que nos liberaron de las hordas terroristas. De no haber una reforma integral del sistema de justicia en el Perú, seguiremos caminando como el cangrejo. Los peruanos no nos merecemos esto.