La infiltración de Sendero

En la dirigencia de los sindicatos magisteriales

Con la huelga nacional decretada por los maestros en demanda de aumentos salariales, mejores condiciones de trabajo y el nombramiento de los profesores contratados, entre otras exigencias —unas razonables y otras absurdas— la dirigencia magisterial arrinconó contra las cuerdas a un débil Gobierno que no ha sabido enfrentar con éxito un problema que amenaza con hacer perder el año a más de tres millones de escolares en toda la República.

Las demandas resueltas por el gobierno han satisfecho las aspiraciones de un gran sector de educadores, pero hay otros —los más recalcitrantes— que plantean la asignación del 10% del PBI al sector educación, control de la Derrama Magisterial, un sueldo mínimo de S/ 4,000 y la eliminación de la evaluación magisterial, entre otros puntos imposibles de atender.

Detrás de tales demandas se mueven sigilosamente el Movadef, Conare, Puka Llacta y Proseguir, brazos políticos del senderismo que pretenden retomar el control del SUTEP —actualmente en manos de Patria Roja—, así como de los colegios públicos. Sobre todo en las zonas más alejadas del país, donde el único contacto del Estado con la población es la educación. Así, Sendero Luminoso está repitiendo el libreto de hace 27 años; es decir, infiltrándose en un magisterio descontento para, desde allí, desarrollar una campaña de concientización en niños y adolescentes, con la finalidad de romper el sistema democrático vigente.

El Gobierno no debe olvidar lo ya vivido. Por ello debe estar alerta, porque muchos terroristas liberados durante el gobierno de Valentín Paniagua, gracias a la amnistía y reducción de penas implementadas por Diego García Sayán —funesto ministro de Justicia del gobierno de transición y posteriormente de Toledo—, ya se encuentran libres y activos en sus afanes desestabilizadores. Tal como se ha podido comprobar en las marchas de los maestros por las calles y plazas del país.

No nos engañemos, se trata de los mismos elementos que participaron en los recientes bloqueos y marchas de protesta que crearon violencia y zozobra en Puente Piedra y en los conos de la capital. El Movadef se moviliza como el brazo político y legal de Sendero Luminoso, junto a otros organismos de fachada, mientras que el brazo operativo —encabezado por Víctor Quispe Palomino— actúa desde hace más de veinte años contra el Estado peruano desde el VRAE, en complicidad con el narcotráfico.

Frente a esta preocupante situación, parece que el actual Gobierno y muchos ciudadanos hubieran olvidado la muerte de más de 70,000 peruanos, causada por el senderismo durante dos sangrientas décadas. Muy pocos han reparado en que la masiva movilización de maestros, desde diversos puntos del país, necesita de un considerable financiamiento, al ser difícil para los docentes de provincia en huelga trasladarse y permanecer varios días en Lima, pagándose alojamiento y comida con su propio peculio. Allí hay dinero extraño que podría provenir de fuentes no muy santas, interesadas en crearle problemas al Gobierno y al sistema democrático.

Informes reservados de agencias de inteligencia han revelado la existencia de 5,000 maestros que han suscrito su adhesión a la legalización del Movadef. Y que en los estamentos intermedios de las direcciones regionales y del propio Ministerio de Educación habría infiltrados elementos adictos a los grupos extremistas, tal como lo admitió en una oportunidad la ex ministra de Educación del anterior Gobierno, Patricia Salas.

Resulta sospechoso que las protestas y marchas se vienen produciendo —ante la desesperante pasividad de un Gobierno que no ata ni desata— precisamente cuando está próximo a salir de prisión un grupo importante de terroristas, que a partir de setiembre y en los próximos dos años ganarán las calles. Entre ellos se encuentran Osmán Morote, Martha Huatay, Zenón Vargas y Maritza Garrido Lecca, cuya pareja —Carlos Incháustegui— salió libre en el 2014.

Con las experiencias del pasado y con la evidencia de estar frente a una huelga justa, por un lado, y con claras motivaciones políticas, por otro, el Gobierno tiene la obligación de actuar con firmeza y aplicar con rigor las leyes vigentes, despidiendo a los malos profesores, cerrando las puertas de las aulas a los prosenderistas y encarcelando a quienes fomentan la violencia en las calles. Ha llegado la hora de aplicar mano dura, señor presidente.

 

Carlos Arnillas Denegri