La impunidad en la lucha contra la corrupción

La semana pasada, en mi artículo semanal en este mismo medio señalé expresamente, y a modo de introducción, que no tenía la menor duda de que la crisis política que vivimos ha generado una desafección entre los ciudadanos y la clase política que debiera representarlos. Con la misma certeza señalé que, pese a ese costo, el rumbo trazado era claro: no existe la posibilidad de ceder un ápice en la lucha contra la corrupción.

Hoy, exactamente una semana después, ratifico la necesidad de continuar con la lucha frontal contra la corrupción, asumiendo los costos que ello implique. Así existan ataques sin fundamento alguno, burdas mentiras contra los directamente involucrados y nuestros familiares más cercanos, con el fin único —de parte de los corruptos— de desacreditar nuestra trayectoria personal y profesional y desde luego, nuestra integridad. Con ello pretenden hacer creer a todos los peruanos que la corrupción no tiene solución y que la impunidad es sinónimo de la función pública, y en especial del quehacer político.

Al respecto en la entrega del 29 de febrero último en este mismo portal precisaba que “Es evidente para la opinión pública que estos ataques no son gratuitos, sino la reacción a un trabajo serio y metódico que, al parecer, algunos no toleran; por ello recurren a las viejas prácticas de tratar de desacreditar al adversario político a cualquier costo”. Y agregaba “La lucha contra quienes se benefician con el desorden, el caos, el conflicto y la corrupción no es fácil, porque estos elementos siempre van a generar el escenario de que nada está limpio, que todo está manchado, que no existen referentes cuando se trata de enrumbar al país en una mejor dirección, en procura del bienestar de sus ciudadanos”.

¡Falso, la corrupción sí tiene solución! Y por ende, desterrar la impunidad debe ser la tarea central de los tres poderes del Estado. En esta lucha debemos tener en cuenta que la impunidad, entendida como la falta de sanción, no debe ser más un elemento en la ecuación pública.

Para ello, desde el Congreso de la República se han dictado dos leyes muy importantes. La primera impone la muerte civil a los funcionarios y servidores públicos que incurran en actos de corrupción; la segunda, la inhabilitación perpetua y, con ello, la imposibilidad de postular a cargos de elección popular para aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos de corrupción, entre otros.

El marco legal vigente desde diciembre de 2017 cierra el círculo finalmente a los corruptos, con la imprescriptibilidad de los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública. Sin duda falta articular acciones de prevención y detección de casos de corrupción, así como en las investigaciones y sanciones aplicables; pero existen avances importantes que no podemos dejar de mencionar. La sociedad civil tiene un rol importante, no solo a través de los valores que proclama, sino con una actitud de intolerancia absoluta contra prácticas corruptas.

Finalmente, y considerando que próximamente nuestro país recibirá a los principales líderes de los países de América, nuestra actitud ciudadana y de país en general deberá ser de rechazo absoluto a la dictadura que se vive en Venezuela. No solo por la horrenda violación constante de los Derechos Humanos de millones de venezolanos, sino también por la gravísima crisis de corrupción que representa el Gobierno de Nicolás Maduro.

Por su parte, nuestras autoridades diplomáticas deben proponer que se activen los mecanismos de sanción que el derecho internacional prevé hacia ese Gobierno, mecanismos que permitan desterrar la impunidad que actualmente ha inundado a la hermana Venezuela. Este mensaje del Perú y de la Comunidad Americana, deberá ser enfático: queremos una Venezuela libre en sus derechos, pero también libre de corrupción. En general, en la Cumbre el mensaje final deberá ser que queremos a América libre de corrupción. Y por ello nos unimos para desterrar la impunidad en nuestros países.