La historia sin fin

¿Hasta cuándo sin justicia independiente y sin leyes efectivas contra el terrorismo?

La debilidad que acaba de exhibir el Poder Judicial al anular una resolución de la Sala Penal Nacional por presiones externas es lamentable porque relativiza la autonomía del nuestro sistema de justicia y porque los máximos funcionarios de la Judicatura que se han mostrado ante el país como incapaces de hacer respetar sus fueros.

La Constitución del Perú consagra la separación de los poderes y le confiere total autonomía al Poder Judicial; sin embargo, bastó con que el presidente Ollanta Humala se sumara a las críticas de la prensa a la Sala Penal Nacional para que el propio presidente de la Corte Suprema promoviera la nulidad de la resolución. ¿Dónde quedó la independencia jurisdiccional?

Creo que los cabecillas del Movadef deben ser juzgados con detención preventiva, en vez de comparecencia, porque el Estado tiene que ser implacable con quienes quieren revivir el terrorismo, pero como demócrata creo que esa decisión debe adoptarse en el marco de la ley, no como se ha hecho.

La pregunta es ¿actuó mal el tribunal al resolver que se juzgue con comparecencia a los cabecillas del Movadef? NO, se ciñó a la legislación penal que dice que un juez solo puede ordenar la detención preventiva de un procesado cuando se dan, de manera concurrente, los requisitos prestablecidos en la misma norma.

¿Se cumplieron los requisitos en este caso? NO, porque uno es que haya peligro de fuga y en este caso los procesados han asistido a todas las diligencias judiciales. Lo cierto es que los senderistas conocen todas las rendijas de la raída legislación por las que pueden escabullirse. Éste es el problema de fondo, NO TENEMOS una ley anti-terrorismo efectiva porque la mediatizaron el 2000 por influencia de la izquierda que co-gobernó con Valentín Paniagua, después con Alejandro Toledo y ahora Humala.

Desde el Ministerio de Justicia, esa izquierda promovió la llamada “flexibilización” de las leyes contra el terrorismo, que marchó en paralelo con una política de “capacitación” de fiscales y jueces que se tradujo en toda clase de beneficios penales para los terroristas presos: indultos, reducciones de pena y otros. De 4000 terroristas presos en ese año hoy quedan alrededor de 300. Lo peor es que muchos salieron libres sin haberse arrepentido.

Por eso nuestros jueces se ven hoy obligados a procesar a los jefes del Movadef con una ley ineficiente que les otorga en exceso garantías que no deberían tener por ser el terrorismo un delito singular: El terrorista mata o destruye sin remordimiento y se enorgullece de ello.

De otra parte, la Constitución obliga al presidente de la república a cumplir y hacer cumplir los mandatos judiciales. El presidente Humala, al cuestionar el fallo, ha incumplido su deber y ha cometido injerencia en un poder autónomo. Es lamentable que el jefe de Estado no sepa cuales son sus obligaciones constitucionales.

Igual de lamentable es que el presidente de la Corte Suprema, Enrique Mendoza, haya removido a los jueces del caso Movadef en vez de hacer respetar su fuero, algo inadmisible en una democracia: En Estados Unidos, por ejemplo, el juez John Sirica ignoró toda clase de presiones y le exigió al presidente de Richard Nixon que le entregara las grabaciones del caso Watergate que precipitó la dimisión del gobernante.

En cada campaña electoral, nuestros políticos y la prensa reconocemos que el Poder Judicial debe ser reestructurado para mejorar nuestra democracia. Pero después de la campaña todo sigue igual: Simulamos que tenemos una justicia independiente y la Judicatura simula que es autónoma. Esta es una historia sin fin.

Por Víctor Robles Sosa