La hipertrofia irracional del Estado

Reflexiones que merecen ser consideradas por candidatos presidenciales

Sin duda el reto más complejo para el próximo gobierno, transversal a todos los sectores, será revertir la nociva preconcepción mayoritariamente presente entre los burócratas, herencia directa del sentir militar de antaño, según la cual los ciudadanos civiles y la empresa privada somos una combinación de menor de edad irresponsable al cual hay que cuidar de sí mismo, ejerciendo una celosa paternidad que nadie les endosó, con un enemigo tramposo y sacavueltero que debe probar su buena fe a cada instante.

El efecto más notorio en estos tiempos en que se reavivaron los defectos de los gobiernos castrenses, ha sido la hipertrofia irracional del Estado y el inacabable trencito de permisos y autorizaciones que debe recorrer todo aquel que quiera hacer empresa formalmente. Se han dictado demasiadas normas, se han establecido demasiados permisos y cualquier esfuerzo medianamente sincero por destrabar ha sucumbido ahogado por las taras mencionadas, apoyadas por su más claro defensor, Palacio de Gobierno.

En minería, hidrocarburos y generación de energía, frenó grandes proyectos. El resultado ha sido una tasa de crecimiento económico nacional 3 o 4 puntos por debajo de aquella que hubiésemos tenido si los grandes proyectos no hubiesen sido asfixiados por esa infame tenaza compuesta por la permisología y la ausencia de liderazgo gubernamental para difundir y hacer primar el interés nacional sobre los intereses locales o, peor aún, la manipulación y la desinformación de los agentes vociferantes del capital extranjero opuesto a la inversión. No ha habido en ninguna instancia de gobierno un solo patriota dispuesto a desenmascararlo.

En seguridad ciudadana, durante estos cuatro años se ha empujado deliberadamente hacia el incumplimiento y la informalidad a los ciudadanos honestos que adquirieron un arma en el mercado formal, y la flamante SUCAMEC -el ente supervisor-, guiada por la excepción absolutamente minoritaria que, justamente por serlo, alcanza las primeras planas, insiste en complicar la vida del honesto, encareciendo y dificultando trámites, buscando penalizar draconianamente, mientras que el delincuente que compra en la cachina pasa piola, permitiendo así que el negocio de malos militares y malos policías siga proveyéndolos de ¨herramientas para el trabajo¨.

Las distintas superintendencias han generalizado el nefasto hábito de pagar sus planillas con fondos provenientes de las multas que imponen, fijando  a su personal metas de recaudación por sanciones, incentivo perverso sobre el que llamó la atención el ex Ministro Castilla, sin resultados; atropello que no hace sino incentivar la informalidad.

Las aplaudidas normas de Obras por impuestos y Asociaciones Público- Privadas se están quedando en el papel, en la mayoría de los casos atrapadas por un ejército de burócratas que teme hasta respirar fuerte y que, en muchos casos, ha sido engrosado con personal sin más conocimiento y experiencia que pertenecer a células partidarias.

El próximo gobernante, para dar esperanza y trazar un rumbo viable, deberá, necesariamente, dejar clara su confianza en los ciudadanos y en la actividad empresarial privada, dejándole al aparato administrador de justicia la sanción ex post facto de aquellos que delincan. Ojalá esto vaya quedando claro desde la campaña. Pero si algo ha quedado claro es cuán dañino puede ser un discurso electoral irracionalmente disyuntivo,

Por: Dardo López-Dolz