La guerra del agua

Cúpula de 114 juntas de regantes se apropia ilícitamente del agua del país.

El agua no es propiedad del Estado, es un patrimonio de la Nación. No es lo mismo. Eso es lo que dice la Constitución y la diferencia es fundamental.

La disposición constitucional ha permitido establecer en la política de agua, elaborada en el Acuerdo Nacional durante el período de este gobierno, que el agua no puede ser objeto de apropiación ni privada ni pública.

Lo que se desprende es, por lo tanto, que una región no puede quitarle el agua a otra. Así, por ejemplo, ni el gobierno del Cusco ni su población pueden negarle el agua a Arequipa.

Eso es, sin embargo, precisamente lo que busca el paro antiminero que se está gestando al sur del Cusco contra el proyecto minero de Antapaccay en Espinar. El paro procura matar a otro pájaro del mismo tiro: negarle a Arequipa el agua para el proyecto de irrigación de Majes-Siguas.

Cusco no puede quitarle el agua a Arequipa por la misma razón que el Valle del Tambo, escenario de los recientes conflictos contra Tía María, no puede quedarse sin agua porque así lo decida Moquegua, que es donde nace el río Tambo.

Por la misma razón, tampoco Huancavelica o Ayacucho pueden negarle al agua a Ica.

Sin embargo, inconstitucionalmente -de hecho, no de derecho-, el agua es objeto de apropiación por las juntas de regantes en todo el país. Basta leer la formidable columna de Mariella Balbi hoy en El Comercio para entender la dinámica local del problema.

Es una tiranía. Hay 114 juntas de riego. Nadie deja de pertenecer a ellas porque se queda sin agua. Se paga por el agua una cuota ínfima. El que cobra es el dirigente, por debajo. El agua ha sido objeto de apropiación privada de hecho. Ante las narices de todos.

El antisistema, entonces, ha infiltrado las juntas de regantes. Y su plan, más allá de la agitación antiminera, es desatar entre las regiones del Perú guerras por el agua. Esto es lo que hay que tener claro.

Por Jorge Morelli (@jorgemorelli1)
20 - May - 2015