La guerra de la electricidad

Todo indica que es la interferencia indirecta del Estado en el mercado lo que ha desatado la guerra de la electricidad. Ocurre entre dos grupos de empresas proveedoras de energía: de un lado las hidroeléctricas —que ponen el arnés a la fuerza del agua para mover un generador— y de otro las termoeléctricas que, como su nombre indica, producen electricidad quemando combustible, gas natural (que es lo que aquí importa). El Estado les otorga un trato distinto, una arbitrariedad cuyas motivaciones profundas es necesario explorar hoy.

El problema parece simple, pero es oscurecido sistemáticamente por el lenguaje. Las hidroeléctricas, que usan la fuerza del agua en movimiento, tienen un costo operativo que es virtualmente de cero. Las termoeléctricas, en cambio, que queman gas, no tienen costo cero, tienen el costo del gas; pero declaran tener costo cero. Esto es lo que el Estado tolera y de lo que se hace cómplice.

¿Por qué tolera esta situación arbitraria? No es fácil desbrozar este misterio enmarañado, pero todo indica que la generación de electricidad termoeléctrica es un negocio que el propio Estado creó para generarle un mercado a las empresas que producen gas natural. Es un mercado artificial que el Estado ha creado al intervenir el mercado libre de la oferta y la demanda. Acaso lo hizo pensando en generarles una demanda por un plazo, hasta que existiera otro mercado, de exportación, para el gas natural. Pero, como siempre, lo provisional parece haberse vuelto permanente.

El Ministerio de Energía y Minas ha formado un grupo de trabajo con todas las empresas. Tras algunas reuniones, las hidroeléctricas han comunicando que no participarán más. Piensan que el Ministerio carece de voluntad para corregir la distorsión del mercado.

El MEM ha presentado una propuesta para una “primera reforma” del mercado y al parecer evalúa una segunda, para lo cual volverá a citar a las partes. Ya hubo una modificación en el mecanismo de declaración de costos del gas en diciembre pasado, que no ha servido de nada. Según el MEM, en tres o cuatro meses habría una “hoja de ruta” para un decreto supremo con nuevas reglas para el uso del gas natural. Las empresas perjudicadas no están dispuestas a esperar tres o cuatro meses para que el Estado resuelva esta cuestión de principios.

El MEM dice que trabaja “lo más rápido que puede”. Las hidroeléctricas intuyen que solo está tratando de ganar tiempo —o de perderlo, según como se mire—, porque no sabe qué hacer ante la masiva decisión política de dejar al mercado en libertad de resolver el problema por sí mismo.