La génesis de los conflictos sociales

Estado, empresas y comuneros tienen algún grado de culpa

Resolver un conflicto social es una de las tareas más difíciles, ya que compromete más que solo la buena voluntad de las partes involucradas. Es necesario analizar la coyuntura política y social, el cumplimiento del marco legislativo y medir el impacto del mismo. Una lectura rápida de un conflicto social nos muestra: un Estado incapaz al momento de negociar, empresas que incumplen los acuerdos y comuneros utilizados, engañados y enfrentados a las fuerzas del orden.

Un conflicto social generalmente no comienza con la violencia, sino con el engaño. El arte de engañar a los pobladores de las zonas colindantes al proyecto —con promesas de invertir en más carreteras y en centros educativos o de salud— les hace creer que en la ejecución del proyecto no se tocarán sus tierras, ni sus animales, y que no se contaminarán sus lagunas. Pero también, los representantes de las comunidades, muchas veces, son los que manipulan a los comuneros y extorsionan a los empresarios, sacando provecho de estas situaciones.

Nadie puede negar la importancia de promover inversiones. El impulso del boom minero en el Perú —por los proyectos puestos en ejecución como Las Bambas, la ampliación de Cerro Verde y Toromocho— nos ha llevado a un crecimiento trimestral de 24.98% (INEI). Sin embargo, el Estado aún no es eficiente para otorgar las garantías necesarias ante un incumplimiento, por parte de las empresas, de los compromisos de reducción del impacto ambiental y de remediación de los posibles daños.

Se piensa que en la mesa de diálogo se agotan los mecanismos de solución y que las propuestas que se debaten en ellas resolverán el conflicto. Pero no se considera que puede haber contingencias posteriores a estas mesas, y que incluso pueden superar a la voluntad de los empresarios; hechos más cercanos a la coyuntura política y económica que a los mismos requerimientos del proyecto. Estas externalidades incluso pueden ocasionar cambios en la postura de los representantes de las comunidades.

Frente a incumplimientos y externalidades que puedan originar un conflicto, se espera un Estado presente desde el momento de la propuesta de inversión. Me refiero a que los gobiernos regionales con proyectos potencialmente contaminantes, o que puedan afectar de forma directa o indirecta a las comunidades, deben tener mecanismos de diálogo operantes de forma permanente y accesibles a la población, en su lengua nativa, en lenguaje sencillo, incluso empleando medios de comunicación locales.

Además, el Estado debe monitorear, a cada paso de la ejecución del proyecto, el cumplimiento de los compromisos. También tiene la obligación de realizar la consulta previa a las comunidades, antes de la ejecución del proyecto. Si bien es cierto que la ley vigente a este momento puede resultar insuficiente en muchos aspectos, recordemos que la obligación de su realización parte del Convenio 169 de la OIT, por lo que los ministerios competentes (de Cultura, del Ambiente) y las autoridades de fiscalización ambiental no pueden ser ajenos a hacer respetar los acuerdos resultantes de la consulta ni a sus deberes de fiscalización y control.

Finalmente, la represión del conflicto es el escenario más difícil de controlar, pues este se desata en medio de la violencia. Las fuerzas policiales o militares pueden resultar “los malos de la película” en los enfrentamientos con los pobladores, que ya cansados de reclamar e incrédulos ante un administración estatal débil, falta de institucionalidad y que solo genera desconfianza. Entonces, si el Estado no pudo prevenir un conflicto ¿podrá responder ante las pérdidas de vidas humanas?

Elizabeth Zea Marquina