La frustración visceral del odio político

Se ha escrito y se seguirá escribiendo sobre los temas relacionados a la corrupción del socialista Foro de Sao Paulo, del corrupto Partido de los Trabajadores, del reo Lula Da Silva y de las corruptas empresas mercantilistas que servían como brazo financiero (Odebrecht y cía). En realidad los temas son múltiples, aunque en la gran prensa (mermelera le llaman algunos) no se toca en los últimos días otra cosa que no sea el financiamiento (¿ilegal?) a los partidos políticos.

Sin ignorar la importancia que tiene este tema, el aporte a las campañas electorales es lo menos importante en todo el entramado corrupto mencionado. Aunque cueste trabajo reconocerlo, y pese a que quisiéramos “meter presos” a los políticos que no nos simpatizan, en principio el financiamiento de empresas u entidades a partidos políticos o causas que tengan componentes políticos no es delito. Apenas sería una falta administrativa si no se informó a la ONPE; e incluso bajo diversos supuestos, tal vez ni sería necesario informar.

Algo que sí se advierte con nitidez es que el financiamiento de Odebrecht hacia los partidos era relativamente generalizado, pero con mayor énfasis según criterio ideológico. Había sin duda coordinaciones y tensiones entre intereses diversos que debían ser objeto de discusión, adaptación y convergencia. Pero el criterio ideológico tenía mayor peso, pues todo forma parte del gran entramado construido desde el Foro de Sao Paulo. Por eso las opciones de izquierda fueron las que recibieron mayor financiamiento, por lejos.

Ahora bien, con las últimas declaraciones del testigo Jorge Barata (tomar nota que no ha declarado como colaborador eficaz, sino solo como testigo), cada vez está más lejos el sueño de los enemigos políticos de Alan García y Keiko Fujimori. Desde que las especulaciones, indicios y evidencias indican que Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Nadine Heredia y Pedro Pablo Kuczynski han tenido trato directísimo con la corrupta mafia transnacional, los enemigos de García y Fujimori han esperado ansiosos que ellos también tengan implicación directa. No la tienen hasta hoy, y las últimas declaraciones de Jorge Barata no han cambiado las cosas. Entendemos que haya en ellos una frustración irracional, visceral y primitiva al ver alejarse la ilusión del enemigo preso. Ni Fujimori ni García tendrían implicación directa.

Por otro lado, los hechos más graves de la corrupción auriverde —es decir, lo relacionado al festín de proyectos de infraestructura— es tratado de manera lateral o simplemente dejado de lado por la gran prensa. No llama la atención, pues esa gran prensa mantiene intereses de negocios y relaciones sanguíneas con muchos personajes directamente implicados. Los guarismos de esta gran corrupción superan toda previsión y crecen día a día. Creen que nadie se da cuenta de que la tinta se carga por el lado de Keiko Fujimori, quien no tiene nada que ver con estos hechos, pues material y objetivamente no formó parte del Ejecutivo. Más bien las redes mediáticas adictas al poder nos distraen con el financiamiento de campañas políticas.

Alejandro Toledo cobró una coima por uno de esos grandes proyectos de infraestructura. Y luego como socio político de Acción Popular y Somos Perú, reiteró ese compromiso y estuvo a punto de llegar nuevamente al poder para continuar su labor corrupta. Personajes del entorno directo de Alan García están sindicados, algunos incluso presos; pero al expresidente no se le ha demostrado relación directa con estos hechos. Ollanta y Nadine tienen el círculo completo, tanto en financiamiento de campaña política como en la intervención para favorecer a la corrupta Odebrecht en millonarias licitaciones. Susana Villarán recibió coima siendo alcaldesa, con lo que su situación es muy parecida a la de Alejandro Toledo. El que tiene todos los boletos es Pedro Pablo Kuczynski, quien todo el tiempo —ya sea a un lado del mostrador, en el otro lado o en ambos— está implicado en cuanta actividad se investiga. Incluso con la miserable entrega de los peajes de Lima por parte de Villarán, PPK no estaba en el Gobierno, pero sí asesoraba al consorcio brasileño para hacerse del proyecto Rutas de Lima, lo que logró.

A todo esto, hay una tensión de fuerzas entre la pretendida sacralización de la actividad política y la satanización de toda acción desarrollada por un político. La crisis de corrupción hace elevar la voz a los demagogos que invocan “defender los sagrados intereses nacionales”. Frase vacía. ¿Quién tiene autoridad para definir estos intereses “sagrados”? ¿Dónde están los impolutos querubines que los defienden aún en contra de sus propios intereses? Esta es una impostura que lleva al colapso a todo sistema político.

En la política se defienden intereses, todos deben tener la posibilidad de defender los suyos y los de los grupos que representen. La consolidación social, dinámica y legítima de estos intereses terminará definiendo un dinámico aunque difuso y hasta voluble “interés general”. Este “interés general” emerge de la posibilidad de defender mis propios intereses, al margen de los intereses de otros, pero al mismo tiempo que otros también puedan defender los suyos. No es al revés, nunca es al revés. Tampoco procede si no se respetan los valores fundamentales de “vida, libertad y propiedad”. Que en política todos puedan defender sus propios intereses individuales y acaso de grupo (voluntariamente definido), respetando el derecho de los otros, redundará en el círculo virtuoso de la representatividad política y el legítimo interés general. Ni santos ni demonios.