La fiscalía fuera de control

La fiscalía no parece regirse por principios legales, sino por consignas políticas y sesgos ideológicos. Acá no somos iguales ante la ley. Es obvio que hay quienes son más investigados que otros, y algunos son intocables. Es preocupante que la Fiscalía y el Poder Judicial sean siempre parte de las noticias políticas. Esto no puede ser.

Por ejemplo, tener a Keiko Fujimori permanentemente investigada por lo que sea, es parte de una enfermiza tradición fiscal. Hoy se han sumado Alan García y Pilar Nores, bajo la figura de “crimen organizado”. Basta que un programa de cuarta o un diario de quinta publique un psicosocial sin prueba alguna, seguido de una campaña de trolls en las redes, para que la fiscalía abra una “investigación preliminar” que puede durar años. La fiscalía acaba siendo el brazo mecánico que se activa con las campañas de los medios de izquierda. Y mientras tanto, el investigado pierde su buen nombre para ser señalado como “fulano de tal, investigado por crimen organizado”.

Es una feroz campaña de medios demoliendo al personaje investigado, como si ya hubiera sido condenado. Eso basta para convencer a la gran masa de ignorantes que no entiende de cuestiones legales. Y casi siempre ocurre en campañas electorales en las que suelen revivirse refritos del pasado. Y si después de algunos años de inútil “investigación preliminar” algún fiscal tiene la osadía de archivar el caso, el progresismo le salta al cuello. ¿Hasta cuándo vamos a vivir en este plan? Acabamos de ver las portadas y titulares de la prensa regocijándose con la actuación de los fiscales contra Keiko Fujimori, Alan García y Pilar Nores por “crimen organizado”, con las infaltables enfermizas caricaturas que tienen a Alan y Keiko de protagonistas diarios de su patológico humor. Me parece que es hora de hacer algo. No podemos quedarnos de brazos cruzados mirando esta máquina de demolición.

Creo que es hora de dar una respuesta legal y contundente a estas sucias campañas de difamación y demolición de personajes públicos, en las que juegan en pared medios caviares y fiscales aventureros. La Constitución señala que toda persona tiene derecho al honor y la buena reputación. Para defender este derecho resulta indispensable una ley que obligue a la Fiscalía a hacer sus investigaciones en la más absoluta reserva. La Fiscalía debe estar impedida de hacer público el nombre de las personas que investiga. Así de simple. Solo se podrán hacer públicas en el momento en que la Fiscalía haga una acusación formal ante el Poder Judicial.

Debemos detener esta funesta alianza entre medios caviares y fiscales aventureros. No solo para defender el buen nombre y la reputación de las personas investigadas, sino para impedir que la fiscalía y los medios continúen enlodando a los partidos políticos que sustentan nuestra democracia. Nadie tiene por qué pasar el oprobio de ser señalado por la prensa basura como “investigado por…” mientras pasan años en el limbo fiscal. Hay leyes que protegen a los niños de la exposición en los medios, pero en realidad deberíamos proteger a todos los ciudadanos por igual de la maliciosa exposición de su nombre en los medios, por una investigación fiscal que es alentada y promovida por estos mismos medios, actuando como si fueran socios.

La fiscalía no puede prestarse a esas infames campañas de la prensa para jugar con el honor de las personas y de los partidos. No podemos oponernos a que la Fiscalía investigue a quién considere necesario, pero sí debemos obligarlos a que lo hagan en la más absoluta reserva, protegiendo el nombre y el honor de las personas, como manda la Constitución. Que solo hagan público el nombre cuando tengan una acusación formal ante el Poder Judicial. Solo de este modo evitaremos que la Fiscalía sea parte de la feroz maquinaria caviar de demolición. De lo contrario seguiremos siendo víctimas de estas sucias campañas en las que juegan en pared los medios caviares y los fiscales obsecuentes a la consigna.

Dante Bobadilla